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Uruguay aprueba la primera reforma de sus Fuerzas Armadas

Se redujo el número de altos mandos y algunos tribunales militares estarán sometidos a la justicia civil.

Uruguay aprueba la primera reforma de sus Fuerzas Armadas

Marcha en contra de la impunidad. Foto: Getty Images

Un triunfo se anota el Frente Amplio y el gobierno de Tabaré Vázquez al lograr la primera reforma a las Fuerzas Armadas de Uruguay, una victoria especial a meses de las elecciones del 27 de octubre. El proyecto había sido aprobado en la Cámara en mayo y el martes recibió los votos en el Senado para transformarse en ley. La coalición de izquierda mantenía una disputa con la derecha y los militares.

La nueva norma deja atrás la ley vigente que se había instalado durante la dictadura entre 1973 y 1985. La oposición del Partido Nacional y el Partido Colorado votaron en contra del proyecto, reclamando por eventuales puntos inconstitucionales y advirtiendo que de llegar al Palacio Estévez a fines de año derogarán la reforma. La medida más llamativa es la reducción de altos mandos, pasando de 310 a 228 oficiales.

La reforma permitirá un ahorro para el gasto fiscal, lo que se suma al proyecto de modificación de las pensiones militares que se lanzó ante el déficit que presenta la Caja Militar. La reducción de las jubilaciones de los integrantes de las fuerzas armadas tendrá efecto en el presupuesto estatal en algunas décadas, pero desde que se propuso generó una disputa entre las autoridades civiles y los cargos militares.

La reforma impulsada por el FA, que contó con el apoyo del Partido Independiente entre los senadores, disuelve los tribunales de honor de la justicia militar. Esa instancia fue utilizada en diferentes casos de violaciones a los derechos humanos para declarar como inocentes a militares responsables de desapariciones y asesinatos cometidos en la dictadura. La difusión de los hechos provocó la caída del jefe de las Fuerzas Armadas.

Informa El País que la nueva ley establece que existirán Tribunales de Ética Militar sometidos a la justicia civil, pero también suprime toda referencia a la Doctrina de la Seguridad Nacional que definía que la misión del ejército era luchar contra enemigos externos como internos. Ese capítulo instaurado en los años setenta con el aporte de Estados Unidos se utilizó para la persecución de ciudadanos.

La norma define que su labor es la "defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial y la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo" y precisa que "ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución de la República y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de DDHH".

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