Ministro (s) Monsalve tras reunión de seguridad de emergencia por carabinera herida por granada: policías entregarán plan para fortalecer capacidades de control territorial

El ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, dio cuenta de los resultados de la reunión de seguridad de emergencia que tuvo la mañana de este jueves en La Moneda con las policías e instituciones con incidencia en la materia. Lo anterior, en el contexto de la granada de la que fue víctima una funcionaria de Carabineros durante una fiscalización en Santiago.

La autoridad estuvo acompañado del general director subrogante de Carabineros, Marcelo Araya, y el general Enrique Monras, director nacional de Orden y Seguridad de la policía uniformada.

El ministro (s) Monsalve contó que el Presidente Gabriel Boric, quien se encuentra en Estados Unidos en el marco de la APEC 2023, pidió que a su regreso, programado para este viernes 17 de noviembre, «se le pueda entregar un plan concreto que permita fortalecer las capacidades de control territorial de las policías en nuestro país».

En ese contexto, explicó que lo ocurrido ayer con el uso de arma bélica fue «en el marco del esfuerzo que se está realizando en conjunto con las policías para mantener el control territorial de las policías en nuestro país»: «Lo primero que tenemos que valorar es el trabajo que ayer realizaban carabineros para fiscalizar y controlar, valorar el valor y profesionalismo con el que actuaron carabineros ayer que permitió que uno de los delincuentes haya sido abatido y el segundo delincuente que participó en los hechos esté detenido».

Las medidas solicitadas por el Mandatario apuntarían a «medidas concretas en despliegue de puntos de control y fiscalización de mayor complejidad y presencia en los territorios del país». Esa misma solicitud se hizo a la Policía de Investigaciones: que se fortalezca el control y se les dote de más capacidades, lo que implica «tener controles con más capacidad en materia de equipamiento, de recursos humanos y en la capacidad de reacción de las policías para realizar esos controles».

«El Estado chileno no va a renunciar a tener el control del territorio a través de sus instituciones policiales. Y entregar un mensaje concreto: las policías tienen el completo respaldo para actuar respecto a hechos delictuales y delincuentes que actúan con enorme violencia», agregó.

Desde el aspecto legislativo, recordó las 38 iniciativas legales en materia de seguridad que han sido aprobadas durante la actual administración.

Situación irregular

Un ciudadano en situación migratoria irregular llegó, en las últimas horas, hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago para «entregarse» como testigo de lo ocurrido con la granada la jornada del miércoles. Consultado sobre cómo se llegó a eso, respondió:

«Hay absoluta vulnerabilidad en el control de las fronteras norte del país que permite el ingreso de manera irregular y que organizaciones criminales ocupen las fronteras para el tráfico ilícito de migrantes, de drogas y eventualmente para el tráfico de armas de fuego. El Gobierno ha buscado evitar que esa vulnerabilidad se mantenga. Eso explica la tramitación de la Ley de Infraestructura Crítica y que hoy haya fuerzas armadas en las áreas fronterizas del norte».

También recordó el acuerdo con Bolivia para el control migratorio y la Ley que Agiliza los Procesos de Expulsión. «¿Hemos logrado reparar por completo la vulnerabilidad de la frntera norte de Chile? No. ¿Hemos avanzado en mayor control fronterizo? Si», desarrolló.

En 2022, hasta noviembre, 25 mil personas habían sido detenidas ingresando irregularmente al país; en 2023, la cifra llega a 18 mil. 

Hoy en día, la política de Gobierno permite expulsiones vía vuelos comerciales de solo dos personas de nacionalidad venezolana a su país de origen. Los objetivos de la administración es ejecutar las 12 mil órdenes pendientes, lo que consideró una inversión de más de $7.200 millones para este ítem al Servicio Migrante exclusivamente para expulsiones. Además, el ministro (s) Manuel Monsalve adelantó un viaje a Venezuela para «buscar acuerdos que permitan reponer las capacidades aéreas no solo para dictar resoluciones de expulsión o tener recursos para eso, sino tener acuerdos que permitan hacer efectivas las expulsiones».

«Queremos reponer un canal de diálogo y acuerdo que permita expulsar a los ciudadanos que han ingresado irregularmente al país. Hoy podemos subir a dos personas a los aviones comerciales. Hay un promedio de dos vuelos diarios a Caracas. Además, la contratación de aerolínea Estelar, que tiene capacidad de 120 personas, de las cuales son 60 expulsados y 60 funcionarios PDI que tienen que cautelarlos. La otra aerolínea, Conviasa, tiene restricciones por parte del tesoro público norteamericano que ha impedido hacer uso de esa aerolínea para ejecutar los procesos de expulsión», agregó.

Estado de excepción y Cosena

Desde el Congreso también ha surgido la idea de aplicar el estado de excepción constitucional. Monsalve explicó: «No es necesario en la RM, pero sí es indispensable un plan mucho más poderoso, decidido y concreto para el control territorial».

Hubo otros que incluso pidieron la renuncia de la vicepresidenta Carolina Tohá. Espetó el ministro (s): «(La seguridad) se resuelve con políticas de Estado, requieren colaboración y propuestas de solución. Las renuncias no resuelven ningún problema para el país. El Gobierno se ha hecho cargo de una situación base que ha tenido al inicio del Gobierno. Es importante hacerse cargo de las situaciones del país en materia de fronteras, seguridad, capacidad a las policías, a servicios de Aduanas, por ejemplo, a propósito del ingreso de armas. Todas tareas que el Gobierno ha asumido».

En la noche del miércoles y madrugada del jueves, hubo 13 detenidos por allanamientos en investigaciones por secuestros. Contó el ministro (s): «Porque justamente estamos conscientes de la gravedad de este tipo de delitos y contra organizaciones criminales que debe tener un mensaje: un país unido, con organizaciones que trabajan en conjunto»

«El Gobierno no ha tomado la decisión de convocar al Cosena. Va a sesionar el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado que nos parece el espacio más pertinente para enfrentar este tipo de desafíos», cerró.