Democracia Viva: informe de Contraloría señala que exseremi incumplió el principio de probidad al no informar su militancia
Carlos Contreras compartía militancia en Revolución Democrática con el representante legal de la fundación. Además, ambos estaban vinculados a la diputada Catalina Pérez, uno como su pareja y el otro como su exjefe de gabinete.
La Contraloría General de la República emitió un informe sobre la investigación que iniciaron respecto de la polémica Fundación Democracia Viva, que fue el inicio del caso Convenios, dando cuenta de las irregularidades que cometió la entidad.
De acuerdo con el documento, esta investigación tuvo como objetivo: “Realizar una auditoría a los traspasos de fondos efectuados por la Seremi Minvu de Antofagasta a entidades privadas (…) verificar si Seremi Minvu y Serviu establecieron procedimientos para llevar a cabo el proceso de selección de las entidades privadas sin fines de lucro (…) Constatar que establecieron procedimientos de control para cautelar el buen uso de los recursos públicos transferidos a entidades privadas sin fines de lucro”.
Y una de las irregularidades detectadas fue una asignación directa. En detalle, Contraloría descubrió que en julio de 2022 el seremi de Vivienda de Antofagasta de ese momento, Carlos Contreras, solicitó enviar una invitación a dos fundaciones para analizar su integración como organizaciones colaboradoras.
Pero una de ellas era Democracia Viva, y el contacto se habría realizado con Daniel Andrade, representante legal de la fundación y pareja -en esa época- de la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez.
Vulneración al principio de probidad
Contraloría cuestionó esta asignación directa por parte de Contreras en su informe: “Vulneró el principio de probidad (…) lo que le restaría imparcialidad”, y añadió que “le asistía el deber de abstenerse” del proceso.
En ese sentido, el exseremi tenía que haber informado su militancia común y vínculo con Daniel Andrade. Los cuales además estaban relacionados con Catalina Pérez, en el caso de Contreras como su exjefe de gabinete.
Asimismo, Contraloría dio cuenta en su informe de “la inexistencia de un procedimiento formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios”.
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