Chilena pierde juicio con empresa rusa por arriendo impago en Providencia
La chilena deberá pagar 16 millones de pesos la Empresa Federal Estatal Unitaria.
Este martes, la Corte Suprema acogió un exequatur, una resolución dictada por un tribunal extranjero, de la Empresa Federal Estatal Unitaria, que es parte de la Dirección de los Asuntos del Presidente de la Federación Rusia.
Se trata de un litigio entre la empresa rusa y una ciudadana chilena por no pagar el arriendo de un departamento ubicado en Providencia.
La Primera Sala del máximo tribunal aprobó la condena solicitada por el tribunal ruso, que exige el pago de 16 millones de pesos.
Lo anterior se debe a que la chilena fue debidamente notificada de la demanda en su contra: «En efecto, según se lee de las sentencias cuyo cumplimiento solicitan, la demandada compareció representada por abogado para tal efecto, quien hizo sus defensas en primera instancia y apeló del fallo; con lo cual, se cumple con la exigencia del emplazamiento de la demandada, que, por lo demás, estaba sujeto a la legislación rusa, conforme lo acordado en el contrato”, se lee en el fallo.
La defensa chilena no pudo con los tribunales rusos
No obstante, “la requerida se opuso al exequatur manifestando que el contrato acompañado a la solicitud sería falso; que no ha contratado con quienes figuran en él; que no ha prorrogado competencia ni ha conferido poder a mandatario que la represente ante los tribunales rusos”.
Sin embargo, el reclamo de la ciudadana chilena no pudo ser comprobado por su defensa: “Estas alegaciones serán desestimadas, por cuanto este procedimiento de exequatur no constituye una instancia, de manera que no es posible promover ni resolver materias propias del mérito y de los hechos o del derecho ventiladas en la causa en que se dictó la sentencia extranjera, ni pueden ser resueltas en este estadio procesal, alegaciones que puedan constituir defensas o excepciones que deban ser opuestas en la instancia de ejecución del fallo o ante el juez del fondo que deba conocer de la falsificación de firma que alega la demandada o del mérito del contrato suscrito en 2014 que pretende hacer valer», asegura la sentencia.
De esta manera, la chilena deberá pagar el monto exigido, que corresponde a 16 millones de pesos.