Corte de Apelaciones suspende entrega de la identidad de los testigos en el juicio contra Héctor Llaitul
La magistrada que lleva el proceso contra el líder de la CAM había aprobado una solicitud de la defensa para conocer los nombres de los testigos que se presentaran contra el líder de la CAM.

Corte de Apelaciones suspende entrega de la identidad de los testigos en el juicio contra Héctor Llaitul / Sebastian Beltran
Este jueves la Corte de Apelaciones de Temuco acogió la solicitud de la Fiscalía de «no innovar», lo que suspende la entrega de los nombres de los testigos con identidad reservada en el caso que se lleva por Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y quien se encuentra en prisión preventiva desde 2019 acusado de diversos delitos, entre ellos asociación ilícita terrorista.
Esta medida se da luego de que el Tribunal de Garantía decidiera el pasado martes entregar a la defensa de Llaitul los nombres de los testigos en la causa. Desde la Fiscalía señalaron que «se da lugar a la orden de no innovar. Lo que suspende lo resuelto por el Tribunal de Garantía, en cuanto a la obligación de entregar a la defensa las identidades«.
El fiscal regional Roberto Garrido explicó que la solicitud de «no innovar» va «a favor de las personas que han sido ofrecidas como testigos por el Ministerio Público, específicamente en los delitos de hurto y usurpación». Garrido añadió que se trata de personas que han sido víctimas de hechos violentos recurrentes y que el Ministerio Público tiene el deber de proteger su identidad.
El fiscal regional Roberto Garrido señaló que esto va «a favor de las personas que han sido ofrecidas como testigos por el Ministerio Público, específicamente en los delitos de hurto y usurpación, hemos hecho un recurso de protección que pretende dejar sin efecto la decisión del Tribunal de Garantía, que consiste básicamente en revelarle a la defensa y al imputado quiénes son estos testigos».
La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó un informe a la magistrado y le dio un plazo de 8 días para resolver de fondo el recurso de protección presentado por la Fiscalía.
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