Cristián Vargas renuncia a su candidatura para Fiscal Nacional

El prolongado proceso de elección de Fiscal Nacional presenta una nueva renuncia, así lo comunicó el abogado Cristián Vargas, quien en una carta dirigida a la Corte Suprema abandonó la carrera para liderar al Ministerio Público.

Ahora el máximo tribunal del país deberá completar una nueva quina reemplazando los nombres de Marta Herrara, rechazada en el Senado, y de Vargas. Esto suma fuerzas a la idea de que la Corte Suprema llame a un nuevo concurso luego de dos procesos de nombramientos fracasados.

Una de las razones de Vargas, que se desempeñó como director jurídico de SII, para renunciar a la postulación tiene que ver con la falta de transparencia en el proceso, específicamente por las reuniones que han sostenido algunos postulantes con miembros de la corte y el Senado.

Razones de la renuncia

“Me parece que en esta elección de fiscal nacional no se cumplió lo que parece fundamental: generar un proceso a lo menos transparente, en el que puedan discutirse la trayectoria del candidato y sus propuestas de manera amplia y documentada, en forma pública, de cara a la ciudadanía, sin reuniones privadas ni negociaciones anticipadas, y que ponga en el centro el bien común de la sociedad”, dice la carta de Vargas.

“En esa oportunidad el resultado no estuvo bien para el devenir de las instituciones y de la propia fiscalía. En el marco de las operaciones destinadas a detener las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política, tuvieron lugar negociaciones y reuniones privadas que dejaron la impresión, confirmada posteriormente por investigaciones periodísticas, de que los esfuerzos se dirigieron a conseguir de los candidatos garantías para el cierre de las causas que afectaban a amplios sectores de la clase política , lo que finalmente ocurrió, y que es todo lo contrario a la finalidad de la recta justicia”, acusó el exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, según publica La Tercera.

El abogado dejó su cargo en el SII, luego de que acusara presiones para evitar la persecución de los delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de la política en lo casos SQM y Penta.