Vocera de la Corte Suprema y nuevo Fiscal Nacional: «No creo que la propuesta sea tener sheriff»

Hasta la Corte Suprema llegarán, durante la tarde de este lunes, los candidatos al cargo de fiscal nacional: son 17 personas con bastas trayectorias que aspiran a suceder al renunciado Jorge Abbott. Cuando este último llegó al puesto, el debate era sobre financiamiento irregular de la política y corrupción. En esta ocasión, es inseguridad, violencia y crimen.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, contó un poco sobre lo que se espera del aspirante:

«El fiscal nacional tiene que ser una persona que, en primer lugar, sea un buen administrador, que haga una buena administración de un órgano tan importante como el Ministerio Público, con todas las unidades, las personas, agentes y recursos que eso significa. En segundo lugar, tiene que ser una persona que tenga muy clara la agenda de seguridad y las prioridades que nosotros tenemos como país en esta tan delicada materia. Y en tercer lugar, tener una gran disposición a trabajar, sobre todo a trabajar vinculado con el resto de los organismos incumbentes».

Pese a lo anterior, y en el estado actual del país, las críticas incluso rememoraron ese concepto de puerta giratoria, donde se decía que la justicia permitía la libertad de los delincuentes. «No creo que la propuesta sea tener sheriff o aplicar mano dura por sí, solamente como planteamiento; la mano dura tiene que ir aparejada con un diseño, con una administración, una revisión legal que se tendrá que hacer en relación con los organismos que son colegisladores y sobre todo con una gran voluntad de trabajo. Porque el tema hoy del Ministerio Público es gravitante y clave para la seguridad y eso significa asumirlo con mucho énfasis en el trabajo y en el esfuerzo mancomunado que se tiene que hacer en esta materia», espetó Vivanco.

Serán 10 minutos que tendrá cada candidato. Luego, cada ministro de la Corte Suprema dispondrá de tres votos y luego del final de la votación, se enviará una nómina con cinco nombres al Presidente de la República, quien luego hará su propuesta al Senado. ¿Qué esperan de los candidatos? Explicó la ministra vocera: «Que el candidato se pliegue a las condiciones que el sistema establece, que son condiciones en que cada organismo va nominando independientemente y sin ningún tipo de intervención. Me parece que todos tienen claro que ese es el compromiso de cualquier candidato. Y sin perjuicio de que se haya conocido mucha gente, que se haya interactuado con mucha gente, cosa que también es propia de una persona que tiene una trayectoria extendida en el tiempo, es que se respeten las reglas del juego. Para nosotros va a ser la exposición del candidato en relación a cómo visualiza el ministerio público y cuáles son sus propuestas sobre el ministerio público».

 Cambios en el sistema

La ministra vocera reconoció que el crimen organizado es una realidad del país que «no podemos negar: no se trata de ser pesimista ni tremendista, sino que de hacer un análisis de la realidad. Porque solamente haciendo un análisis de la realidad, uno puede llegar a soluciones respecto a esa realidad. De otra manera, es imposible asumir qué es lo que está efectivamente pasando».

Pero por otra parte, y en relación a las críticas al sistema judicial garantista, Vivancó matizó en que es algo que implica el trabajo de las policías, el Ministerio Público y otros organismos que, en consecuencia, es un tema legal: «Si quisiéramos cambiar ese sistema y reemplazarlo por otro, es materia de un debate político, jurídico y social, y que implica transformaciones importantes en lo legal. No solamente ‘apretar clavijas’ por parte de los incumbentes».

Con todo, la magistrada llamó a que «por lo menos hay que revisar los cambios posibles. Nosotros, desgraciadamente, no somos los actores en esta materia (…) Nosotros no podemos ni disponer ni incentivar cambios legales, pero sí creemos que es importante que esto se revise, para que por lo menos exista un pronunciamiento nuestro como país: si queremos mantener el sistema garantista que tenemos, o queremos hacerle ajustes que puedan ser más proclives a que ciertas situaciones de alta criminalidad se mantengan con un régimen distinto desde el punto de vista de la privación de libertad».