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Ministra Rutherford procesa a excomandantes en jefe del Ejército por malversación de caudales públicos: Cheyre ingresará a prisión preventiva

Además, tanto Cheyre como Juan Miguel Fuente-Alba y Óscar Izurieta quedaron con arraigo nacional.

Ministra Rutherford procesa a excomandantes en jefe del Ejército por malversación de caudales públicos: Cheyre ingresará a prisión preventiva

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, resolvió someter a proceso a los excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, Óscar Izurieta y Juan Emilio Cheyre, por su autoría en el delito de malversación de caudales públicos entre 2006 y 2018, en la llamada arista «gastos reservados».

En el caso de Cheyre, deberá ingresar a prisión preventiva al Batallón de Policía Militar N°1 de Peñalolén. En tanto, a Fuente-Alba e Izurieta se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial. Además, se les decretó arraigo nacional a todos.

De acuerdo a las indagaciones de Rutherford, el perjuicio fiscal de Cheyre fue de $128.638.559. El monto de Fuente-Alba, otra parte, fue de $50.714.559. Finalmente, Izurieta malversó $95.153.689. 

Semanas atrás, la ministra en visita ordenó el embargo de bienes del excomandante Cheyre, el que alcanzó un monto total de $140.000.000. Misma decisión se amplió para Fuente-Alba, cuyo embargo llegó a los $55.000.000, y para Izurieta, cuyo monto total fue de $105.000.000.

Últimos antecedentes

En agosto pasado, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la resolución de la Corte Marcial que revocó el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez.

En la instancia, el tribunal de alzada estableció que «no existían antecedentes» para someter a proceso al uniformado en retiro por la arista «agencias de turismo»: en la resolución se aseguró que no se encontraron suficientemente «determinada la existencia y monto del perjuicio fiscal efectivamente causado, declaró que el investigado no es procesado y dispuso que la ministra encargara una pericia contable, decisión que no comparte la naturaleza de aquellas que hacen procedente el recurso intentado, razón que conduce a que este sea declarado inadmisible”.

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