Segpres responde críticas por trato directo con empresa para impresión de textos constitucionales
Citando normas de la legislación vigente, la cartera que dirige Giorgio Jackson aseguró que la impresión y distribución "se enmarca dentro de las obligaciones constitucionales y legales".
03 de Julio 2022/SANTIAGO Las personas acuden a la librería LOM en el centro de Santiago para comprar una copia de la propuesta de la nueva constitución. FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO
A través de un comunicado, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Segpres- respondió las críticas por el trato directo para la impresión y distribución de la propuesta de nueva Constitución, en el marco de la campaña informativa del Gobierno de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.
La controversia tiene su asidero en el trato directo con la empresa encargada de imprimir el texto. Por ello, desde Renovación Nacional (RN) solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) la fiscalización de esta compra.
En concreto, los diputados Andrés Longton y Sofía Cid pidieron al ente fiscalizador «un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legitimidad de este accionar, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la administración pública».
[dps_related_post ids=»5067890,4983546″]
La respuesta de la Segpres
Desde la Segpres emitieron un comunicado en el que explicaron que el 29 de junio de 2022, la presidenta de la mesa directiva de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, instruyó a la cartera para gestionar la impresión y distribución de la propuesta constitucional. Ello, porque la cartera de Giorgio Jackson estuvo a cargo del apoyo técnico, financiero y administrativo al ente redactor.
En esa línea, el ministerio antes citado remarcó que «la instrucción de imprimir y distribuir copias de la propuesta de Nueva Constitución en virtud del presupuesto disponible fue impartida antes de la disolución de la CC«.
«La gestión ordenada a la Segpres se hace con cargo a los recursos asignados para la instalación y funcionamiento de la Convención, que comprende actividades de difusión y participación ciudadana conforme disponen las leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes a los años 2021 y 2022″, agrega el escrito.
Por ello, señalaron que «las mencionadas leyes ordenan, además, que las solicitudes formuladas por la Convención Constitucional deben tramitarse con especial celeridad«.
Trato directo
Asimismo, desde la Segpres detallaron que «esta cartera aprobó una contratación por trato directo con la imprenta Sistemas Gráficos Quilicura S.A., por un monto de $444.615.384 que corresponde a 692.000 ejemplares, servicio que incluye la impresión y distribución de los textos en todas las capitales regionales del país».
De hecho, la Contraloría tomó razón del decreto del Ministerio de Hacienda «que modificó el programa presupuestario de la CC, el contrato se ampliará en 30%, a objeto de llegar a las 900.000 copias del texto de la propuesta de Nueva Constitución».
La Segpres recordó que dicha contratación por trato directo se hizo por los supuestos que indica la ley, entre ellas, la inexistencia de un convenio marco vigente que permitiera aplicar el mecanismo de grandes compras y la premura de la gestión, considerando que el cierre de la CC se dio a dos meses del plebiscito de salida.
Además, los procesos de licitación pública contemplan 30 días como tiempo mínimo de publicación de las bases de licitacióm.
«En conclusión, la contratación para la impresión y distribución del texto definitivo de la propuesta de Nueva Constitución se enmarca dentro de las obligaciones constitucionales y legales de la Segpres, siendo el trato directo la única modalidad disponible para dar estricto cumplimiento a la labor encomendada por la Convención Constitucional», cierra el escrito.
