Corte Suprema ordena a Delegación del Biobío coordinar acciones para evitar hechos de violencia en la región

Este lunes la Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por víctimas de la denominada “violencia rural” y le ordenó a la Delegación Presidencial del Biobío adoptar las coordinaciones necesarias para prevenir la reiteración de episodios de violencia en la región. 

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal revocó –con el voto en contra del ministro Jean Pierre Matus– la sentencia impugnada, que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, y, en su lugar, acogió la acción cautelar al considerar que existen riesgos evidentes de afectación al derecho a la integridad física, psíquica, libertad ambulatoria y de propiedad de los recurrentes.

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¿Qué se denuncia?

“Es un hecho conocido que durante un tiempo considerable han acaecido diversos sucesos vinculados al uso de la fuerza o poder físico, sea bajo la modalidad de amenaza o como acciones concretas, en contra de las personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, cuestión que, en la especie, ha sido reconocida o más bien denominada como una manifestación de ‘violencia rural’ en una determinada zona del país”, se lee en el fallo.

“Enmarcada en este contexto (…) lo que se denuncia es la transgresión flagrante de derechos amparados por la Carta Fundamental, lo que ha ocasionado a los afectados, un temor verosímil de ser afectados su integridad física, síquica, su libertad ambulatoria y su propiedad”, se agrega en el documento.

Asimismo, se establece que “advertida la falta de eficacia de las políticas implementadas para enfrentar este tipo de sucesos, cabe demandar de la autoridad facultada que adopte las medidas de resguardo que se requieran, conducentes a evitar las consecuencias perniciosas a que se han enfrentado el conjunto de recurrentes”.

¿Qué decidió la Corte?

De ese modo, el máximo tribunal resolvió que «la Delegación Presidencial Regional (del Biobío), al tenor de sus facultades entregadas por la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, deberá –previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes– implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra”. 

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