Diputado Soto, presidente de la comisión investigadora del «Milicogate», por nuevos antecedentes de Izurieta: «Nos mintieron en la cara»

Durante la noche del jueves se conoció una nueva arista en el llamado «Milicogate«, el proceso judicial que investiga los desfalcos de los gastos reservados del Ejército: se trata de los vínculos familiares que el general en retiro Óscar Izurieta, en concreto con sus hijas y los yernos de él, todos funcionarios del Ministerio Público.

El caso fue investigado también por la Cámara de Diputadas y Diputados. Leonardo Soto, parlamentario que presidió una de las comisiones abocadas al caso, habló al respecto en Mediodía en ADN: «Las comisiones convocaron a todos estos comandantes: (Óscar) Izurieta, (Humberto) Oviedo, (Juan Miguel) Fuente-Alba, los interrogamos, estuvieron delante nuestro. Les preguntamos sobre los gastos reservados, pasajes al extranjeros, comisiones de servicio ilegales o recibir sobres de la mutual. Ellos negaron todos los hechos en las comisiones parlamentarias y nos mintieron a todos los parlamentarios, al poder legislativo. Nos mintieron en nuestra cara», señaló el parlamentario.

Los factores que levantaron las alarmas, dijo Soto, estuvieron en «el desorden administrativo, la poca administración de sus movimientos, los informes de la Contraloría eran indiciarios que habían graves irregularidades». Pero sobre la última información y los posibles vínculos con el Ministerio Público podrían ampliar la corrupción hacia otros poderes del Estado.

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Un botín de familia

«Ahora se da a conocer que su patrimonio, que sus bienes inmuebles los traspasó a sus dos hijas y sus yernos. Hubo traspaso de bienes. parte de su familia son funcionarios del Ministerio Público. Uno se pregunta: ¿está salpicando la corrupción del Ejercito al Ministerio Público? Creo que no, porque lo hacen en función de familiares de él, no en función del rol de fiscal. Pero ciertamente deja entrever que podría haber lavado de dinero, porque el patrimonio que tiene Izurieta que hoy es investigado con lupa por la jueza (Romy) Rutherford es botín de eso que usó. Si es botín y los traspasa, los pone a sus hijas y yernos como cómplices o coautores de lavado de activos», planteó el diputado.

Los cálculos que hicieron en la comisión investigadora sobre el patrimonio de Izurieta fue de $1.800 millones. «Yo sacaba la cuenta y debía haber trabajado con sueldo de general desde que era alférez. Eso habla de que algo no cuadra en su patrimonio y probablemente gran parte de su patrimonio es mal habido, proviene de apropiación de dinero público», dijo el diputado.

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Un mismo método

Las formas que los generales usaban para el desfalco eran «casi idénticos», puntualizó el diputado Soto: «Eso revela que había una máquina instalada para corromperse que era dirigida por los excomandantes en jefe». Ello implica que hubo una estructura trascendental que permitió que se replicaran tales prácticas y que el diputado ve en al menos dos niveles.

«Primero, el Ejército estaba protegido por el secreto; segundo, no había autoridad civil a quienes les rindieran cuenta de los dineros. Esa respuesta institucional espero del nuevo gobierno, de la ministra de Defensa, que espero que sean muy proactivos en esto», señaló.

En otro ámbito, también valoró y envío loas y parabienes a la jueza que encabeza las pesquisas, Romy Rutherford: «Me parece que solo merece reconocimiento. No existe una jueza en este país que haya luchado tanto, y de manera tan profunda y profesional como ella. Es muy necesaria porque el mejor antídoto contra la corrupción es que reciban castigo y esta investigación avanza hacia ese objetivo».

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