Corte Suprema otorgará títulos póstumos a cinco abogados detenidos desaparecidos y ejecutados políticos

El Pleno de la Corte Suprema decidió este jueves otorgar títulos póstumos de abogado o abogada a cinco detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, entre ellos, el asesinado excanciller Orlando Letelier.

Estas víctimas de crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, figuran en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Colegio de Abogados solicitaron al máximo tribunal que se entregaran estos reconocimientos a 15 personas. Sus respectivas universidades concedieron este título como reparación.

Finalmente, la Corte Suprema optó por cinco personas, ya que ostentaban el grado de licenciado antes de su desaparición y/o ejecución. También, a quienes obtuvieron el título póstumo de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en sus respectivas universidades. Todos ellos estudiaron en la Universidad de Chile.

Los títulos póstumos que entregará la Corte Suprema

El máximo tribunal entregará el título de abogada a la familia de Cecilia Castro Salvadores, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Fue detenida el 17 de noviembre de 1974 por la DINA en Providencia y luego trasladada a Villa Grimaldi, donde fue vista por última vez en diciembre de 1974. Lo anterior, en el marco de la denominada «Operación Colombo».

En tanto, Germán Moreno Fuenzalida era dirigente gremial del Hospital San Borja Arriarán y también militó en el MIR. Fue detenido el 15 de julio de 1974 y recluido en Londres 38. Fue sometido a torturas y visto por última vez.

Patricio Munita fue otro militante del MIR, detenido el 13 de diciembre de 1973, en un operativo del Ejército y Carabineros en el Convento de los Padres Capuchinos, donde se encontraba refugiado junto al dirigente Bautista van Schouwen. Ambos fueron encontrados asesinados al día siguiente, en plena vía pública, con múltiples heridas a bala.

Juan Ramón Soto Cerda fue militante del Partido Socialista (PS). Su cuerpo apareció calcinado en un camino en Las Vizcachas, en Puente Alto, el 11 de noviembre de 1981. Fue detenido ilegalmente por la CNI en el cuartel Borgoño y su muerte se camufló con un falso enfrentamiento, operación muy recurrente en la dictadura.

Orlando Letelier cierra el listado de títulos póstumos. El excanciller permaneció detenido entre 1973 y 1974 en el regimiento Tacna, la Escuela Militar, la Isla Dawson, la Academia de Guerra Aérea y el campo de prisionero de Ritoque. En 1973 fue asesinado en un atentado terrorista con una bomba por la DINA.

Su caso fue el primero en el que se dictó una sentencia por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos en dictadura. El 12 de noviembre de 1993, el ministro Adolfo Bañados condenó a exagentes de la DINA, encabezada por el general Manuel Contreras. La sentencia se ratificó el 29 de mayo de 1995, en la Corte Suprema.