Convencionales presentaron iniciativa para reconocer el derecho humano al agua en la nueva Constitución
La propuesta está firmada por 41 representantes y se basa en resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas.
José Ignacio Barros por agua en la Convención - Pauta B - 9 de diciembre
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Este jueves, un grupo de constituyentes ingresaron una iniciativa que permitiría normar en la próxima constitución el derecho humano al agua y el saneamiento de esta.
En lo concreto, la normativa basada en experiencias internacionales y firmada por 41 constituyentes señala que «toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico».
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A ello, además, agregaron que «el Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de las personas en sus distintos contextos, teniendo especial consideración por quienes habitan territorios rurales, periurbanos e indígenas. Este derecho deberá satisfacerse preferentemente a partir de fuentes de aguas continentales».
«Toda persona y comunidad tiene derecho al acceso, desde el punto de vista físico, ecológico, cultural y económico, en todos los ámbitos de la vida, a un saneamiento que sea salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y garantice la dignidad, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, y de las necesidades especiales de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad», agrega la iniciativa.
La convencional Manuela Royo dijo esta mañana que esta medida «busca un cambio radical, que abordar el derecho al agua desde los derechos humanos, desde el acceso a los derechos al agua, que sea de calidad, suficiente, sostenible en un contexto ecológico pertinente, pero que además nos hable de disponibilidad física, de accesibilidad económica también. El agua no puede ser un privilegio para quienes tienen derechos».
ADN.cl
La iniciativa se basa en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010, donde se reconoció la responsabilidad de los Estados de poner agua a disposición de las personas, de forma equitativa, en condiciones sanitarias adecuadas, como componente esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Además, Leo Heller, relator especial de la ONU, en agosto pasado también repasó el caso chileno, donde el agua es privada: «el gobierno no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y a la salud».
