Para comisión del Congreso, Presidente Piñera es responsable político de violaciones a los DD.HH.
Para la presidenta de la instancia, la diputada Maya Fernández, el informe permite “contribuir a la verdad y justicia que tanto han buscado las víctimas y que ha sido negada".
Para comisión, Piñera es responsable de violaciones a DD.HH
Una comisión de la Cámara de Diputados aprobó un informe sobre actos del Gobierno y las policías en el marco del estallido social y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco de las protestas de octubre de 2019.
Dicho documento estableció responsabilidades políticas del Presidente Sebastián Piñera y, según sus autores, pretende contribuir a las investigaciones internacionales por crímenes de lesa humanidad.
Según el informe de la comisión, presidida por la diputada Maya Fernández (PS), los hechos ocurridos desde el 28 de octubre de 2019, fecha de inicio de la comisión investigadora, «forman parte de una política de Estado cuyos actos de represión han tenido por finalidad castigar y desincentivar a la población civil que ejerce su legítimo derecho a la protesta».
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El informe estableció que, desde esa fecha, «han existido graves, masivas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, por lo que no son hechos aislados, excesos, ni errores puntuales».
Respecto de las responsabilidades políticas, el informe señala directamente al Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, e incluye a autoridades, y exautoridades, del ministerio del Interior, como los exministros Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, y el ministro Rodrigo Delgado; al ex subsecretario Rodrigo Ubilla, y el actual Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli.
También se señala como responsable al ex Intendente y actual Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
El documento recomienda, entre otras cosas, una reestructuración en Carabineros de Chile, además de la creación de una comisión de Verdad, Justicia y Reparación. Sobre esto último, se plantea que su información no sea secreta.
Además se propone la ejecución de la glosa 12 de la Partida 50 del Tesoro Público, para entregar pensiones de sobrevivencia a aquellas víctimas que hayan sufrido violaciones a los Derechos Humanos.
Para la presidenta de la comisión investigadora, Maya Fernández (PS), «los testimonios y relatos de las víctimas son de una gravedad tal que deben ser juzgados«, y si «no existe la voluntad de responder frente a las víctimas, será el derecho internacional el que deba dar respuesta«.