Ejército tras investigación por fraude al fisco: «No aceptamos ni avalamos conductas que impliquen la comisión de ilícitos»

Luego que se dio a conocer que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, formalizará a cerca de 800 funcionarios de Ejército, de los cuales, alrededor de 500 están en retiro y 270 en servicio activo, por presunto fraude al fisco, la institución se refirió a la situación y sostuvo que «no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos«.

Los uniformados de la entidad castrense están siendo investigados por el Ministerio Público en una situación que comprende los años 2007 y 2017, y que se da posterior al cierre al Fondo de Ayuda Mutua (FAM).

En particular lo que indaga la Fiscalía es que, a través de contrato de honorarios, pagos de sueldos a personal retirado y comisiones de servicio que no se realizaron, hubo un pago a modo de compensación por previas económicas individuales, donde se incluyen financiamientos de estudios, viajes, entre otros puntos.

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Respuesta del Ejército

De esta manera, y a través de un comunicado, el Ejército sostuvo que «este fondo existió desde la década de los 50’ en la región de Aysén, el que estaba conformado mayoritariamente por suboficiales de la institución, siendo una iniciativa de carácter privada para generar ayudas solidarias entre el personal«.

«Este fondo funcionó ininterrumpidamente hasta que se declara su insolvencia, por lo que el mando en jefe de la época determinó el 2008 efectuar una serie de medidas administrativas tendientes a apoyar a los suboficiales afectados, las que duraron hasta 2016″, agregó.

Posteriormente, la entidad indicó que «la investigación judicial por esta causa tiene su origen una denuncia presentada en 2017 por el Ejército de Chile ante la Fiscalía Militar de Coyhaique, como resultado de un preinforme de la Contraloría General de la República que da cuenta de ciertas irregularidades que se habrían cometido entre los años 2015 y 2016, por concepto de comisiones de servicio y contratos a honorarios en la IV División del Ejército«.

«De forma paralela, y respondiendo al firma compromiso del Ejército con la probidad y transparencia, la institución instruyó dos investigaciones sumarios administrativas, las que actualmente se encuentran en su etapa final y tiene por objetivo determinar las responsabilidades en todos los niveles que correspondan», continuó.

Además, el Ejército también manifestó que «se han entregado todos los antecedentes y prestado la colaboración a la realización de las diligencias que ha llevado a cabo la Fiscalía en la investigación de las situaciones producidas entre 2008 y el 2016. Así también, le corresponderá a las distintas autoridades durante ese periodo que tuvieron injerencia de dichas medidas, explicarlas ante el órgano investigador».

«El Ejército no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos»

La entidad también señaló que «a la fecha existe personal activo de oficiales y suboficiales que presenten la calidad de imputados en la investigación. Sin embargo, ello no implica prejuzgamiento alguno, en la medida que aún no existe resolución judicial que establezca su responsabilidad en los hechos que se investigan. Cabe recordar que, en nuestro Estado de Derecho, son los tribunales los llamados a resolver sobre las pretensiones y acusaciones de la Fiscalía y las defensas presentadas por los imputados, según el mérito de las pruebas aportadas. Ante una eventual condena, el Ejército de Chile adoptará las resoluciones que correspondan, conforme a las responsabilidades que se determinen en cada caso».

Por otro lado, la institución reiteró que «el Ejército de Chile no acepta ni avala conductas que impliquen la comisión de ilícitos, no obstante, es importante tener presente que en una investigación tan amplia como la que se ha conocido en estos días, cada situación particular es diferente a las demás, esperando que se distinga en el trascurso de la investigación entre aquellos supuestos en que los servicios contratados y las comisiones de servicio fueron efectivamente prestadas y realizadas, de aquellas apartadas de la legalidad».

Finalmente, la entidad castrense sostuvo que ha implementado un sistema de prevención de delitos, «durante 2019 que va más allá de la colaboración con los órganos judiciales y el acatamiento de las resoluciones de sus tribunales. Eso ha implicado la capacitación a sus integrantes de todos los grados, entregando material instructivo y realizando inspecciones preventivas a cargo de su Contraloría interna«.