Fiscales sobre proyecto de indulto general: «Podría constituir una gravísima señal para la convivencia social»

El Consejo General de Fiscales sostuvo que el proyecto presentado por senadores de oposición que busca indulto general para las personas que fueron detenidas durante el estallido social de 2019, «podría constituir una gravísima señal para la convivencia social«.

A través de un comunicado publicado por la Fiscalía de Chile, los persecutores manifestaron que el Ministerio Público «reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas, a través de investigaciones que dan plenas garantía de objetividad, seriedad y transparencia, lo que implica perseguir todos los actos que revistan carácter de delito, independiente de quienes lo comenta».

Los fiscales también aclararon que «ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva, las que son evaluadas en audiencias públicas, en las que interviene la defensa del imputado y en la que resuelve un Tribunal de la República, decisión que regularmente es revisada, a su vez, por un tribunal superior de carácter colegiado. Este proceso impide cualquier arbitrariedad«.

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Además, el consejo aclaró que «la Fiscalía no puede compartir aseveraciones en orden a que existirían cientos de personas privadas de libertad por delitos menores o contra quienes se habría hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal. Las personas sometidas a la acción de los tribunales de justicia no están en esta condición por pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delitos».

Y mencionó que «las críticas al estado procesal de causas relacionadas con el contexto del estallido social constituyen una generalización inaceptable, que demanda de sus autores la individualización de estas».

Finalmente, los fiscales afirmaron que el proyecto de indulto general «podría constituir una gravísima señal para la convivencia social, pues plantea condiciones que dejarían sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas, tras disparar en la vía pública en Viña del Mar, el 10 de noviembre de 2019; o impediría perseguir la responsabilidad penal de los dos imputados en prisión preventiva por el atentado con artefacto explicación en el edificio Tánica, el 27 de febrero de este año».