Bono Clase Media: Contraloría detectó dificultades en la aplicación e interpretación del beneficio
El contralor Jorge Bermúdez expuso ante la comisión de Trabajo de la Cámara respecto de la presunta obtención irregular de estos dineros, especialmente por parte de funcionarios públicos.
Este jueves, el contralor Jorge Bermúdez expuso ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, en el que abordó la auditoría que el ente fiscalizador lleva a cabo sobre quienes obtuvieron el Bono Clase Media sin cumplir requisitos, entre ellos funcionarios públicos.
En la presentación, la Contraloría señaló que se identificaron dos grandes dificultades en la aplicación del beneficio. La primera tiene que ver con la interpretación de la ley, que establece dos tipos de financiamiento con aporte fiscal: el bono en sí mismo y el beneficio en tanto préstamo.
Por otra parte, se analizó una serie de dificultades en cuanto a la aplicación del cuerpo legal. Uno de los requisitos exigidos era que la remuneración fuera igual o mayor a $400 mil y que el trabajador haya experimentado una disminución de al menos un 30% de su ingreso mensual.
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A esto se suma que la ley señala que los beneficiados serían las «personas naturales», concepto que no excluye a los funcionarios públicos. De hecho, en el detalle, se trata de trabajadores dependientes, públicos o privados; trabajadores independientes y empresarios individuales.
«Personas naturales pueden percibir rentas de diversas fuentes lo que construyen en patrimonio. No es sólo sueldo, sino que múltiples ingresos y empleadores. En el caso de los funcionarios públicos, el contralor explicó que, en general, los funcionarios no tienen exclusividad en la función pública, por lo que sí pueden, eventualmente, recibir ingresos de otras fuentes», indica parte de la presentación enviada desde la entidad.
Además, Contraloría indica que «la renta no es solo el sueldo, sino que tiene múltiples fuentes como trabajos a honorarios, ingresos informales, asignaciones no imponibles como las de pérdida de caja y de movilización».
En cuanto a la parte técnica, el organismo detectó que «existió la imposibilidad de acompañar antecedentes a la solicitud en la plataforma online» y el Servicio de Impuestos Internos (SII) reconoció «proceso dinámico» en la postulación a los financiamientos.
«En la práctica, se comparó sueldos 2019-2020; boletas de honorarios 2019-2020 y facturas 2019-2020 calculando el porcentaje de remuneración y no la renta percibida. Con esto se producen los siguientes casos: funcionarios que pierde honorarios; funcionario a honorario traspasado a contrata; y persona cesante en julio, que emitía boletas por varios millones», expuso Contraloría.
También se subrayó que «el instructivo del SII estableció que la disminución salarial debía verificarse en función del sueldo tributable (sueldo bruto menos salud, AFP y seguro de cesantía) y hay que considerar que dentro del pago a los funcionarios públicos hay asignaciones o conceptos remuneratorios no tributables«.
“No quiero que quede la sensación de estoy haciendo defensa corporativa, porque no es así, porque seguro que debe haber funcionarios que obtuvieron mal el bono y no entregaron los antecedentes que correspondían, pero eso hay que determinarlo caso a caso”, advirtió Bermúdez.