«¿Qué es lo que tiene que pasar?»: Defensora de la Niñez exigió reestructuración de Carabineros tras presentar querella por caso de joven de 16 años

Por varias horas se extendió la audiencia sobre el caso del adolescente de 16 años que cayó al río Mapocho luego que un carabinero se abalanzara sobre él en el puente Pío Nono. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago tomó la decisión de dejar en prisión preventiva al uniformado Sebastián Zamora Soto tras su formalización por el delito de homicidio frustrado.

Las querellas contra el carabinero fueron presentadas por el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la familia de la víctima y la Defensoría de la Niñez, este último organismo representado por Patricia Muñoz. Al respecto, la defensora conversó con Radio ADN evaluando que si bien «la resolución (del magistrado Jaime Fuica) fue rápida pero no por eso menos contundente».

En el mismo proceso, se determinó que Zamora ni otros funcionarios de Carabineros pueden acercarse al menor tras la situación vivida. «La importancia radica en no aumentar el daño provocado, no sólo en términos físicos y la posibilidad real de que hubiese muerto» sino que además «tiene que ver con el impacto psíquico que un hecho de esta naturaleza provoca en un adolescente de 16 años», enfatizó en la conversación.

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Además, Muñoz se refirió al falso antecedente presentado por Carabineros en su defensa, en el que se señaló haber detenido a la víctima, lo que fue desestimado. Aquí hay «hechos delictivos fuera del homicidio frustrado. Conductas que tenderían a encubrir esa ocurrencia. En el caso de inventar una detención, la eventual falsificación que eso implica», dijo la defensora y enfatizó que luego que el joven cayó fue «rescatado sólo por civiles y luego trasladado por el SAMU, lo que no es propio de una detención». «Ellos (Carabineros) se retiraron tranquilamente del lugar», añadió.

Restructurar a Carabineros

En esta línea, Patricia Muñoz expresó una «urgencia de reestructurar Carabineros» requerida desde la Defensoría de la Niñez. «Pedimos como institución que se asuma la necesidad de reestructurar esta policía. Se debe asumir ese proceso con el sentido de urgencia que amerita el riesgo que significa para las vidas de las personas que viven en Chile», enfatizó y explicó que más de mil niños y adolescentes han sido víctimas de hechos que involucran violencia estatal.

«Una policía que no es legítima, en términos de la confianza ciudadana, que genera en las personas más temor, es un peligro significativo para un estado democrático de derecho. Y es ese el énfasis que hemos hecho, hemos pedido insistentemente modificaciones «, dijo.

«No ha habido una voluntad política de asumir que la situación de Carabineros es insostenible en el tiempo», añadió respecto al Ministerio de Interior y Seguridad Pública. «Se entregan respaldos irrestrictos al actuar policial. Desafortunadamente aquello está teniendo como consecuencia que haya funcionarios que se permitan ejercer acciones tan violentas como las que hemos conocido», argumentó.

«Hay gente que cree que es necesario cambiar desde el nombre para abajo. Yo no sé si eso sea una solución si siguen teniendo la misma línea y la misma lógica de actuación. A mí, lo que sí me parece, es que acá lo civil tiene que entrar en Carabineros y tiene que ser un proceso en el interior en términos de cómo se coordina y cómo se trabaje, cómo se dispone efectivamente el trabajo de una institución que no está a la altura de las exigencias que, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, se demanda», añadió Muñoz.

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Respecto a la consideración del caso como un punto de inflexión en el tema, la defensora expresó: «Seguimos en puntos de inflexiones pero nada cambia, ¿qué es lo que tiene que pasar?». «Qué es lo que tiene que pasar para que se entienda que este es un tema que representa la máxima gravedad porque involucra que el Estado no ha sido capaz de prevenir situaciones de violaciones a los Derechos Humanos tan graves como las que hemos conocido», añadió.

«Una policía deslegitimada es lo peor que le puede pasar a un Estado democrático de derecho. Necesitamos una policía confiable para la ciudadanía que no genere temor y, desde esa perspectiva, tenga la capacidad de sostener que sus procedimientos son legales y que nunca van a estar teñidos por situaciones de falacia como las que hemos conocido hoy día», expresó.

«Es insostenible en el tiempo que el mando no tenga de ninguna manera una vinculación y exigencia específica desde el poder civil en términos de control. Y eso es una decisión que pasa si es que se ejerce directamente desde el ministerio del Interior y Seguridad Pública o si se toma la definición que en definitiva el mando se ejerce desde civiles que tengan la capacidad de mirar en perspectiva y necesidad que amerita una situación que ya es insostenible en el tiempo», sugirió la representante de la la Defensoría de la Niñez.