Amnistía Internacional y reos con coronavirus: «Sus derechos aplican sin discriminación alguna»

Luego de que se confirmaran tres nuevos casos de COVID-19 en la cárcel de Puente Alto, sumando cuatro en total, y que estos reos permanecen en el recinto en aislamiento, Amnistía Internacional envió una carta abierta al Estado chileno exigiendo para que garantice seguridad para esas personas.

La situación de los privados de libertad ante el coronavirus es «de suma preocupación y una emergencia en toda nuestro continente», según declaró Erika Guevara, vocera y directora para las Américas de Amnistía Internacional, en conversación con Ciudadano ADN.

Para la representante de la institución, la emergencia sanitaria «pone en descubierto» la precariedad de las cárceles latinoamericanas, que en total tienen una población de 1.6 millones de personas en centros de confinamiento que sobrepasan esta capacidad, con precariedad sanitaria y, en el caso del COVID-19, escasas condiciones de atención y de prevenir el contagio, lo que genera una situación «no solo de salud pública, sino de Derechos Humanos».

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Guevara denunció que «no hemos recibido respuesta» del Estado chileno a su carta, donde Amnistía Internacional exigió un «esfuerzo concertado de las instituciones del Estado, sobre todo del Ejecutivo, para enfrentar esta crisis», con particular preocupación por «las medidas punitivas que el gobierno del presidente Piñera ha impuesto desde el año pasado a personas que protestaron», durante el estallido social, muchas de ellas hoy recluidas por delitos menores. Ante la emergencia sanitaria, recordó, «son miles de personas en riesgo».

Como representante de Amnistía Internacional, Guevara señaló también que les preocupan «algunas iniciativas que pudiesen estar ocupando como excusa la emergencia de COVID-19 para alentar proyectos de ley que incentivan amnistías de personas que han cometido gravísimos crímenes, incluidos crímenes de derecho internacional».

La profesional recordó que los derechos de personas privadas de libertad «aplican sin discriminación alguna», incluyendo el acceso a la salud integral, la garantía de condiciones sanitarias, de espacio y de aliviar el hacinamiento. En el caso de esta pandemia también recalcó su derecho a «prevenir que el contagio se dé, y las contagiadas, que se puedan aislar y atender adecuadamente», con prioridad en la población en prisión preventiva.

«Hoy día nuestras cárceles se han transformado en centros de hacinamiento del terror», además de «semillas para el crimen», con las condiciones para que el crimen organizado siga operando, señaló la representante de Amnistía Internacional. «Hay muchas medidas que se pueden tomar para aliviar el hacinamiento, y no necesariamente pasa por la liberación de personas que han cometido crímenes».

Del mismo modo, Guevara recordó que esta circunstancia excepcional es «una oportunidad de ir atendiendo los desafíos en materia de Derechos Humanos» pendientes, esperando «que el Estado chileno la aproveche». Un país que merece especial preocupación de Amnistía Internacional, donde «hasta poco antes de la pandemia, veíamos el uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros en las protestas, y al no haber mecanismos de rendición de cuentas por partes de las fuerzas de orden, hay una repetición constante». La organización, recordó la profesional, está recibiendo denuncias de abusos policiales durante la cuarentena, y en torno a los casos de DD.HH. pendientes del estallido social, llamó a «investigar a las líneas de mando, porque no se trataba de unas manzanas podridas, sino de una operación para silenciar las voces de las personas».