Gobierno evalúa tomar acciones legales contra vocero de la ACES, Víctor Chanfreau

Los secundarios nuevamente pusieron en jaque la institucionalidad. Esta vez fue la PSU. Si bien desde el Ministerio de Educación destacaron que el 91% de los jóvenes pudo rendir exitosamente la prueba de Lenguaje y Comunicación, tomada este lunes, en La Moneda fue tema de preocupación antes y durante el examen.

De hecho, fue el propio presidente Sebastián Piñera quien convocó a una reunión en su despacho junto al ministro del Interior y seguridad Pública, Gonzalo Blumel, la titular de Educación, Marcela Cubillos, la vocera de gobierno, Karla Rubilar y los subsecretarios del Interior y Educación Superior, Juan Francisco Galli y Juan Eduardo Vargas, respectivamente.

Tras el encuentro y pasadas las 13:30 horas bajaron las autoridades hasta el Patio de Los Naranjos para realizar un balance oficial. Ahí, el llamado de la autoridad fue a la tranquilidad, aunque de igual forma se contabilizaron más de 80 establecimientos donde hubo disturbios y no se pudo realizar la prueba, teniendo que suspender el proceso en esas sedes.

Es por eso que la preocupación aumentó en el Ejecutivo. Fuentes de La Moneda afirmaron que está en evaluación tomar acciones legales contra Víctor Chanfreau, uno de los voceros de la ACES. Desde el Gobierno aseguran que los llamados de la ACES "rayan en el delito", por lo que se trabaja en analizar los mensajes y posibles ilegalidades que podrían estar involucradas en boicotear el proceso.

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, remarcó que "el rol del Estado es asegurar que esta Prueba de Selección Universitaria pueda desarrollarse", junto con destacar que hubo 81 personas detenidas por delitos de desórdenes, daños y usurpación no violenta.

Tras estas declaraciones y luego del balance oficial, Chanfreau convocó a una conferencia de prensa donde aseguró, entre otras cosas, que fue un lunes exitoso en cuanto a las movilizaciones.

Ante el rol del gobierno, indicó que "una vez más demostraron que son intransigentes", agregando que ellos les advirtieron de la situación. Tajantemente aseveró también que "nos vamos a tomar las sedes" y que no temen a las consecuencias. Dijo además que "no vamos a permitir que se pretenda volver a la normalidad y que se pretenda dar esta prueba de segregación universitaria".

El estudiante de 18 años, que egresó en 2019 de cuarto medio desde el Liceo experimental Manuel de Salas, fue consultado por ADN respecto de esta posibilidad. "Claramente no es la señal correcta", inició Chanfreau. El líder estudiantil agregó que "el gobierno se está empeñando en criminalizar el pueblo que está exigiendo en las calles las legítimas demandas en contra el modelo de mercado… Tratan de buscar un culpable y no han entendido que hemos sido miles de estudiantes los que intentamos funar la PSU".

Como reflexión personal dice que cuando asumió la vocería sabía que no iba a hacer un camino fácil, pero seguro afirma que "no me asusta lo que quiere hacer el gobierno ya que aun cuando han decidido mutilarnos, torturar a nuestro pueblo, hemos seguido de pie en las calles movilizándonos sin temor alguno". 

En términos legales, Juan Núñez, abogado y académico de la Universidad Central, afirmó que "no existe ninguna figura penal que pudiera encasillar en los llamados a tomas de establecimientos donde se esté rindiendo la PSU". Núñez agrega que "el derecho a la libertad de expresión es superior incluso hasta el nivel de poder hacer este tipo de llamados". 

Advierte que si bien es cierto que el Código Penal establece, por ejemplo, que la conspiración y la proposición para cometer delitos son castigables, "esto solo se puede aplicar una vez que se ejecuta, una vez que se resuelve y haya participado quien la propuso".

Por su parte, desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, la diputada del partido Comunes, Camila Rojas, afirmó a ADN que "el gobierno y su agenda de criminalización solo han agudizado la crisis y profundizado la distancia entre instituciones y la sociedad". Rojas sostiene que "son miles los jóvenes que cuestionan a través de sus acciones la Prueba de Selección Universitaria", que a ojos de la parlamentaria frenteamplista "es una prueba que no sirve hace rato".  

Esto, mientras el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, también miembro de la comisión Educación, aseveró que "yo no conozco otro país en el mundo en que alguien pueda incitar a otros a interrumpir un libre ejercicio, como es el derecho a la educación y a rendir la PSU". Schalper aseguró que "francamente es inadmisible lo que ha ocurrido".

Una polémica que se da en medio de la decisión del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas de suspender la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales debido a la filtración de los facsímiles.