79 exagentes de la DINA fueron acusados en el caso de Calle Conferencia
Entre los acusados de los ilícitos ocurridos entre mayo de 1976 y enero de 1977 están Manuel Contreras, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko.
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, dictó acusación en la investigación por los secuestros calificados de
; y por el homicidio calificado de
, ilícitos perpetrados entre mayo de 1976 y enero de 1977.
El magistrado determinó la responsabilidad de 79 exagentes de la DINA en ocho delitos cometidos en calle Conferencia 1587, de la comuna de Santiago; calle Gaspar de Orense 993, de Quinta Normal; calle Bello Horizonte 979, en Las Condes, y el homicidio en el cuartel de Simón Bolívar 8800, en La Reina.
El ministro en visita determinó responsabilidades -en todos o algunos de los hechos- del exjefe de la DINA, Manuel Contreras, seguido por el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, Carlos López Tapia, Miguel Krassnoff Martchenko, junto con otros 75 exintegrantes de la policía secreta, algunos funcionarios del Ejército, Carabineros, PDI y civiles.
El sitio web del Poder Judicial detalló cada uno de los operativos por los cuales se dictó condena. En el caso de Víctor Díaz, se detalló que "procedieron a darle muerte utilizando para ello una bolsa plástica con la que cubrieron su cabeza y amarraron al cuello impidiéndole la respiración, lo que produjo su deceso".
El texto agrega que el cadáver se introdujo en dos bolsas, "una por la cabeza y otra por los pies, las que amarraron con alambre en torno a la cintura. Enseguida, al cadáver embolsado ataron un trozo de riel de más o menos 70 u 80 cm. de largo, y luego lo introdujeron en dos sacos de arpillera, uno por la cabeza y otro por las extremidades, los que fueron unidos con alambre. Lo transportaron hasta el sector de Peldehue, lugar donde fue subido a un helicóptero Puma que esperaba en el sector, el que partió con destino al mar donde fue arrojado en un punto no determinado".
Los querellantes particulares, el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, fueron notificados de la acusación para que adhieran a ella o presenten acusación particular en el caso.
El abogado querellante Eduardo Contreras, aseguró que esto "devuelve la confianza que a veces se pierde en los tribunales. Esperaremos lo que venga, por supuesto nos haremos parte en la acusación fiscal y en las correspondientes acciones civiles".
"Hace 40 años ocurrieron los crímenes, y hace 15 años que presentamos, el 12 de enero de 1998 con la inolvidable Gladys Marín, la primera querella, y aquí están los frutos concretos del resultado de la investigación acuciosa y justa", expresó.
