Comité político de Bachelet llamó a limitar beneficios carcelarios para violadores de DDHH
Los presidentes de partido se mostraron a favor del cierre de Punta Peuco, aunque aclararon que eso no implica trasladarlos a malas condiciones, sino que eliminar los privilegios.
Tras el cierre del Penal Cordillera, se abrió otra polémica, que podría convertirse en un problema para el eventual gobierno de la Nueva Mayoría -aseguran en el comando-, por la idea de cerrar Punta Peuco, recinto que, con menos beneficios que el clausurado penal Cordillera, sigue marcando diferencias entre violadores de DD.HH. y los condenados por otros motivos.
Tras el segundo comité político de la candidatura, los presidentes de partido se mostraron a favor del cierre de Punta Peuco. El timonel del PS, diputado Osvaldo Andrade, se inclinó por trasladar a los condenados a la Cárcel de Alta Seguridad.
"Que Punta Peuco sea destinado a los menores infractores de ley, y creo que lo más razonable sería que estos reos condenados y rematados que tienen alta peligrosidad pudiesen estar en la Cárcel de Alta Seguridad", indicó.
Otro que se inclinó por esta posibilidad fue el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier. "No debieran existir recintos privilegiados, si pudiéramos eliminar Punta Peuco, tanto mejor. No se trata tampoco de denigrar a las personas, nunca he sido partidario de eso, pero las cárceles de alta de seguridad también pueden acomodarse, hay celdas en las que pueden estar", dijo.
El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, destacó que los trasladados "no son presos políticos sino que son criminales, así ha sido establecido por la justicia, deben ir a cárceles comunes, y por lo tanto habrá que mirar esas decisiones en el contexto de una política penitenciaria mucho más amplia, de no hacinamiento en las cárceles, pero claramente sin privilegios".
En los partidos de la Nueva Mayoría, varios coinciden en que hay que avanzar en terminar con los beneficios, apuntando a que se otorgaron sólo para posibilitar, en un momento histórico, el juicio a los criminales y su posterior condena.
Para la abogada e integrante de la comisión de Derechos Humanos del comando, Carmen Hertz, ningún gobierno debería aplicar beneficios carcelarios como los entregados hasta ahora.