Mañalich recordó que eliminación del 7% no es un »beneficio universal»

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aclaró este lunes que el beneficio de la eliminación del 7% de salud que pagan los jubilados se concretará para todos en un plazo de seis años, y que no será un "beneficio universal" sino una medida que apunte sólo a los adultos mayores que cuentan con menos recursos.

"Quiero aclarar que no está en la idea del actual Gobierno que esto sea un beneficio universal, porque efectivamente dentro de nuestros ciudadanos existen pensiones de gente que tuvo afortunadamente la capacidad de acumular algunos montos y no hace sentido, sería absolutamente regresivo que personas que tienen una buena renta en los años dorados de su vida vean disminuir (el descuento), porque sería un beneficio mal enfocado desde el punto de vista social", manifestó en ADN Radio Chile.

El secretario de Estado explicó que esta eliminación va a ser progresiva, y que una vez que empiece a concretarse en 2011 con "aquellos pensionados de menores ingresos y que son mayores en edad", el Gobierno se plantea un plazo de "seis años a partir del próximo año" para que se complete.

El titular de Salud también se refirió a la tarea impuesta por el Presidente Sebastián Piñera para terminar con las listas de espera de quienes esperan por atención dentro del plan AUGE, señalando que es algo imperioso porque detrás de esto hay "un grado de sufrimiento humano".

"Detrás de un tecnicismo como denominar esto lista de espera hay un sufrimiento humano gigantesco que el ministerio tiene que abordar", indicó, para detallar algunas medidas como mejoras en la salud pública o el paso de los pacientes al sector privado si es que es necesario.

"El bien superior es que la persona reciba su tratamiento en forma oportuna, que es un derecho constitucional y explícitamente sancionado en la ley AUGE. No podemos aceptar que una persona esté sin gozar de la visión porque no ha sido operado de cataratas y esté esperando un año porque nadie se hace cargo, eso es inmoral y además es ilegal, y esta ley señala que si el beneficiario no encuentra su solución en el sistema público, el superintendente tiene que indicar un prestador privado", explicó.