Caso Leopard: Corte denegó libertad provisional a brigadier general en retiro
La Corte de Apelaciones de Santiago denegó la libertad provisional para el retirado brigadier general Gustavo Latorre, ex directivo de la Fábrica de Maestranza del Ejército (Famae), procesado por malversación de caudales públicos tras la compra de 200 tanques Leopard I en 1998.
Por cuarta vez en menos de dos meses, la Corte de Apelaciones de Santiago denegó la libertad provisional para el retirado brigadier general Gustavo Latorre, ex directivo de la Fábrica de Maestranza del Ejército (Famae), procesado por malversación de caudales públicos tras la compra de 200 tanques Leopard I en 1998.
El dictamen fue adoptado por los jueces de la Quinta Sala del tribunal de alzada, quienes consideraron que la libertad del ex uniformado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Reyes, explicó que el dictamen se ajusta a derecho ya que "esta compra que hizo el Ejército de Chile en su oportunidad, es una compra de extraordinaria importancia, y de alguna manera, -se dijo en los alegatos- aquí se vio comprometida la seguridad nacional con este pago de comisiones ilegales".
Además, Reyes aseguró que las circunstancias en torno a la indagatoria que sustancia el juez Manuel Valderrama no han cambiado y, más aun, "hoy día conocemos hechos nuevos que también involucran al Ejército en el tema de la Brigada Aérea del Ejército, y que al parecer, el ministro Valderrama lo está investigando, también tendrían relación de alguna manera con estos hechos", reveló.
En la contraparte, el abogado Leonardo Battaglia, aseveró que "la libertad del señor Latorre no constituye peligro alguno para la seguridad de la sociedad del ofendido, ni tampoco para el éxito de diligencias concretas y precisas que estén pendientes". Y añadió que la excarcelación de su defendido "en forma alguna, o modo alguno, puede constituir un peligro para los fines del procedimiento; vale decir, que exista alguna posibilidad que el señor Latorre evada la acción de la justicia", sostuvo.
Antecedentes dados a conocer durante el proceso, sostienen que luego de la celebración del contrato que entre el Ejército y la empresa holandesa RDM Technology para adquirir el armamento, tanto Latorre como el otro encausado, general (r) Luis Iracabal Lobo, habrían obtenido coimas por US$ 298.150 cada uno, luego de cerrar la adquisición que tuvo un costo para el Estado de US$36.052.133, cerca de $28.589.098.144 pesos de la época.
