Gobierno confirmó un nuevo caso de falso detenido desaparecido
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, denunció "mala fe y eventualmente dolo" en la declaración de Lidia Reyes Millar ante la comisión Rettig en 1990, al plantear falsamente que su marido, Pedro Gonzalo Millas Márquez, era una víctima de la dictadura.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, confirmó este martes un nuevo caso de un falso detenido desaparecido, correspondiente a Pedro Gonzalo Millas Márquez, calificado por la comisión Rettig en agosto 1990 tras la declaración de su esposa, Lidia Esmerita Reyes Millar.
La autoridad señaló que en este caso hubo un aprovechamiento por parte de la mujer, que denunció que su esposo había sido detenido por Carabineros de Lautaro en 1982, cuando en realidad éste murió en un choque de trenes ocurrido en Laja ese mismo año.
"Nos parece inexplicable que una persona haya pretendido lucrar con una situación que causó dolor a miles de chilenos. Tenemos fundadas sospechas de que en este caso hubo mala fe y eventualmente dolo", manifestó Patricio Rosende.
La situación fue advertida por el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de Temuco, al establecer que Lidia Reyes Millar dijo en agosto de 1990 ante la comisión Rettig que su marido había sido detenido en 1982, pero días después presentó una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros de Lautaro, donde relató los hechos de forma distinta.
"Las declaraciones judiciales de la familia y las declaraciones que hizo ante la comisión Rettig son tan abrumadoramente distintas y contradictorias que no nos parece que sea posible presumir buena fe", señaló el subsecretario.
Rosende informó que los antecedentes del caso quedaron en manos del ministro Carlos Gajardo, quien deberá decidir si cita a declarar a la mujer. Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) analizará los pasos a seguir, seguramente hacerse parte en una querella.
El caso de Pedro Gonzalo Millas Márquez se suma al de otras tres personas que habían sido detectadas como falsos detenidos desaparecidos, y llega semanas después de que la diputada Karla Rubilar (RN) denunciara la existencia de otras situaciones que fueron finalmente desestimadas, y que la llevaron a ser destituida de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.