Abogado de familia Bernales: »Esperamos que el Gobierno nos apoye hasta el final»
Alvaro Baeza dijo contar con antecedentes que configuran el delito de homicidio culposo por parte del operador del helicóptero SAN 100 en cuyo accidente murió el Director General de Carabineros, Alejandro Bernales.
Una responsabilidad del operador del helicóptero SAN 100 de Panamá sería una de las filtraciones claves del informe sobre la investigación del accidente aéreo donde murió el Director General de Carabineros Alejandro Bernales, según señaló a ADN Radio Chile el abogado de la familia, Alvaro Baeza.
"Nosotros tenemos claramente más antecedentes en este mismo sentido y estos antecedentes constan en el informe que se entregó esta semana que señala que el 80% de las naves del Servicio Aéreo Naval de Panamá se encuentran en tierra y no están operativas", subrayó el profesional.
Baeza explicó que la Fiscalía panameña está llevando una acuciosa investigación donde están incluidas las acciones legales, "y nosotros tenemos la libertad de hacernos parte, pero no vamos a hacer ninguna acción judicial hasta no tener la totalidad de los antecedentes".
Asimismo, el abogado también concluye responsabilidad del piloto en el accidente y del operador de la nave, que es el servicio que está a cargo de la mantención y operabilidad de las mismas.
"En Panamá al igual que en Chile, existe la figura del homicidio culposo o cuasi homicidio, y ésta se da cuando concurren tres elementos: la impericia, la imprudencia y la negligencia. La impericia es claramente responsabilidad del piloto, pero nos quedan otras dos formas de culpa, la imprudencia y negligencia, y esos rasgos están claramente presentes en el operador de la aeronave y en las autoridades que en su momento y aceptaron las condiciones en las cuales se realizó ese vuelo", aseguró Baeza.
Finalmente, Baeza dijo que el gobierno chileno ha mostrado toda su colaboración "hasta aquí", no obstante aclaró que la posición oficial "es más compleja que la de la familia".
"Esperamos que el Gobierno esté a la altura de lo que el país le va a pedir, porque sintió profundamente la partida de nuestra gente y esperemos que el Gobierno tenga la templanza necesaria para tomar las decisiones que tiene que tomar y respaldar a las familias hasta el último momento y no solo en un trato protocolar", aseveró.
Respecto de la defensa que han hecho las autoridades panameñas de sus naves, donde afirman que sí cuentan con todas las mantenciones exigidas y los repuestos adecuados, el jurista señaló que existe "un compromiso de transparencia" en la investigación refrendado por el propio presidente de esa nación Martín Torrijos.
"Estamos convencidos que es muy difícil no llegar al 100% de la verdad en este caso porque la evidencia de la condición de las aeronaves en Panamá es demasiado patente. Si el Servicio Aéreo Nacional reconoce por escrito que tiene el 80% de sus naves en tierra sin poder operar, imagínense la cantidad de gente a que le consta el estado de las aeronaves; mecánicos, pilotos, jefes de operaciones; ellos claramente no van a poder justificar el hecho de que sus aeronaves no estaban en condiciones de volar y van a tener que justificar quién y en qué momento autorizó ese vuelo conociendo el estado de inoperabilidad de la nave", sentenció.




