Informes exponen que el 90% de las muertes causadas por la policía en Río de Janeiro quedan impunes
A finales de los años sesenta la dictadura militar introdujo un instrumento jurídico que protege a los agentes que matan.
La violencia policial no deja en paz a los habitantes de Río de Janeiro y hasta les quita la vida. Los operativos de la policía en el estado casi no pasan por la revisión de la policía civil o la fiscalía. Al menos tres informes exponen que más del 90% de las muertes ocasionadas por agentes no se investigan o se archivan. Esa impunidad estimula sus abusos y ahora se cruza con el caso de Ágatha Félix, una niña de ocho años que murió al recibir un disparo en la espalda cuando regresaba a casa con su madre.
Los testigos negaron la versión de la Policía Militar, confirmaron que no hubo intercambios de disparos con criminales y que el tiro provino del arma de un funcionario policial. El homicidio de Ágatha, el quinto menor de edad que muere de esa forma en 2019, elevó la presión sobre el ultraderechista gobernador Wilson Witzel. La Revista Veja informó que entre 10 y 20 policías invadieron el hospital al que llegó la pequeña y trataron de llevarse el proyectil extraído de su cuerpo. Los médicos lo impidieron.
Informa Fogo Cruzado que durante el año hubo 15 menores de 12 años que fueron heridos por policías y 43 de entre 12 y 18 años murieron. A finales de los años sesenta, la dictadura introdujo un instrumento jurídico que protege a los agentes que matan, y supone que lo hacen en legítima defensa. Esto evita que sean detenidos y estimula la impunidad. Un informe de una comisión de investigación del congreso estadual afirma que el 98% de los casos entre 2010 y 2015 fueron archivados.
El documento de la Asamblea de Río indica que el Ministerio Público de Río es "un gran archivador de casos, colaborando a la impunidad de los policías criminales". En la tesis doctoral en ciencias políticas de Orlando Zaccone, excomisario de la Policía Civil de Río, se explica que "el lugar de los hechos es uno de los elementos que legitimaba la muerte". El informe "Você matou meu filho" (2015) de Amnistía Internacional verificó que tras cuatro años, 183 investigaciones seguían abiertas y no se había actuado.
