Human Rights Watch denuncia que Colombia promueve militares sospechosos de participar en ejecuciones
La ONG critica al gobierno de Iván Duque por el ascenso de al menos nueve generales.
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el ejecutivo de Iván Duque situó en puestos clave del ejército colombiano al menos a nueve generales sobre los que existen "evidencias creíbles" que los vinculan a ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos y que fueron presentadas como bajas en combate, el llamado escándalo de los falsos positivos. Basada en decisiones judiciales, testimonios e informes de la fiscalía, la ONG sostuvo que al menos tres de los militares ascendidos son investigados.
Los fiscales indagan numerosas muertes perpetradas por soldados en unidades bajo el mando de los otros seis generales. "El gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar", señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas, agregando que "las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes".
En diciembre, Duque nombró a Nicasio Martínez Espinel como nuevo comandante del ejército. La ONG asegura tener pruebas que vinculan a Martínez Espinel y ocho generales con el caso de falsos positivos y otros abusos. Informa El País que el actual comandante del ejército fue -entre octubre de 2004 y enero de 2006- el segundo comandante de la décima brigada blindada, y la fiscalía abrió investigaciones sobre 23 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de esa brigada.
Los otros generales promovidos por Duque a comandancias que menciona el informe de HRW son Jorge Navarrete Jadeth, Raúl Rodríguez Arévalo, Adolfo Hernández Martínez, Diego Villegas Muñoz, Edgar Rodríguez Sánchez, Raúl Flórez Cuervo, Miguel David Bastidas y Marcos Pinto Lizarazo. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal constituido para juzgar los crímenes de guerra cometidos en Colombia, mantiene abierto un caso sobre más de 2.000 ejecuciones presentadas como bajas en combate.