Grupos evangélicos paralizan ley a favor de la población trans en Uruguay
El proyecto contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en el sistema público de forma gratuita y facilita el cambio de identidad.
La ley que protege a las personas trans (travestis, transexuales y transgénero) sufre una resistencia inesperada en Uruguay. Informa el Diario El País que el colectivo trans tiene el apoyo de decenas de asociaciones, que acusan a las iglesias evangélicas de orquestar una campaña religiosa en el país más laico y con menos creyentes de América Latina.
El proyecto propone medidas de discriminación positiva para las personas trans, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales; también que el cambio de sexo se pueda hacer en la salud pública de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Además, otorga una indemnización a las víctimas de la represión durante la dictadura, un grupo de unas 60 personas que recibiría una pensión de unos 350 dólares mensuales.
La normativa busca proteger a un colectivo marginado y que tiene una esperanza de vida de 35 años en Uruguay, al abrir espacios laborales para que su principal opción de subsistencia no sea la prostitución. El capítulo más polémico es la autorización del cambio de sexo (hormonal y quirúrgico) para los menores sin el consentimiento de sus padres. La oposición conservadora del Partido Nacional exige que se eliminen estas disposiciones.
El Frente Amplio -la coalición de izquierda en el gobierno- promueve la normativa, pero ante las protestas decidió suprimir la autorización de las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo para los menores sin apoyo paternal. El FA no eliminó la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislación internacional avala la "autonomía progresiva" de los adolescentes,.
El cambio de sexo hormonal en menores sin autorización de la familia se practica en Uruguay desde hace unos diez años, previa autorización judicial y en el marco de un proceso médico controlado. Las principales sociedades médicas lo apoyan y desde la política o las organizaciones sociales nunca hubo oposición. La llegada de una petición de 40.000 firmas contra estas medidas causó sorpresa y revuelo político.
Personas cercanas a la iglesia evangélica Misión Vida, una de las más grandes de ese país, presentaron la petición al parlamento. Las organizaciones de apoyo a la ley aseguran que las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años -ante una media nacional de 77-, que el 25% abandona su hogar antes de los 18 años al ser rechazado por su familia, el 87% no terminó estudios secundarios y sufrió discriminación en el ámbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso.
