Justicia española encarceló a dos líderes de la independencia catalana
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encabezan la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium.
La Audiencia Nacional española envió a la cárcel a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, las principales organizaciones tras la independencia catalana.
La jueza Carmen Lamela les imputa un delito de sedición por supuestamente dirigir y alentar a las masas el 20 y 21 de septiembre para impedir, sin lograrlo, que se llevara a cabo la Operación Anubis contra la organización del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. Lamela, sin embargo, rechazó la petición de la Fiscalía de mandar a la cárcel sin fianza al comisario mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y se limitó a imponerle medidas cautelares leves.
La magistrada ordenó la prisión para Cuixart y Sànchez después de que el primero se acogiera a su derecho a no declarar y el segundo se limitara a contestar a las preguntas de su abogado, Jordi Pina, que trató de hacer hincapié en que todas las movilizaciones lideradas por su cliente tuvieron un carácter pacífico.
La magistrada sitúa a ambos líderes soberanistas —organizadores de todas las grandes movilizaciones del independentismo, como las manifestaciones de las Diadas del 11 de septiembre— como los "principales promotores y directores de las protestas" del 20 y 21 de septiembre. Ese día, más de 40.000 personas, convocadas a través de las redes sociales por ANC y Òmnium, se agolparon ante la Consejería de Economía de la Generalitat para protestar por las detenciones de 11 altos cargos que supuestamente se encargaban de la logística del referéndum.
Según la juez, Cuixart y Sànchez se mantuvieron al frente de las protestas durante todo el día, llevaron la iniciativa en la "pretendida negociación" con la Guardia Civil, alentaron y dirigieron a los congregados ante la Consejería de Economía, les incitaron a permanecer en el lugar y les "impartieron órdenes" sobre cómo actuar en cada momento.
La magistrada Lamela sostiene que los hechos del 20 y 21 de septiembre "no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo con unas actuaciones policiales" ordenadas por un juez. Al contrario, estas movilizaciones “se enmarcan dentro de una compleja estrategia” con la que Cuixart y Sànchez vienen colaborando hace tiempo "en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña".
