Condenan a cadena perpetua a cuatro jueces por violación de los DDHH
Se les consideró partícipes primarios de secuestros, torturas y homicidios en la dictadura.
El terrorismo de Estado vivió un castigo histórico e inédito. La justicia argentina declaró culpables a cuatro exjueces federales de la provincia de Mendoza, por garantizar la impunidad en decenas de secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. "Hemos entrado en la historia con un fallo ejemplar a nivel internacional. Creo que después del juicio a los jueces del nazismo no hay otro antecedente en el mundo", explicó Pablo Salinas, querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
La violación de los derechos humanos le costó la cadena perpetua a Rolando Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret. El tribunal consideró que fueron partícipes de los delitos de lesa humanidad cometidos por otros 21 acusados, entre militares y policías. Romano fue condenado por 84 casos de secuestros, 38 tormentos y 33 homicidios. Su caso fue emblemático porque se ocultó en Chile y pidió asilo político, hasta que la Corte Suprema aprobó su extradición a Argentina.
"Realizaron un aporte esencial a la realización del delito, por eso la pena es la misma que para los autores materiales. Estos jueces tuvieron el dominio de la jurisdicción de Mendoza durante terrorismo de Estado”, explicó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo. La condena muestra un avance hacia los responsables civiles del terrorismo de Estado. Si bien los juicios contra los militares avanzaron con rapidez con el regreso a la democracia en 1983, con el juicio a la Junta militar como emblema, los funcionarios que apoyaron a la dictadura lograron evadir durante años a los tribunales.
"Siguieron siendo jueces hasta 2011, bien entrada la democracia. Tuvimos que sacarlos con el Consejo de la Magistratura con todas las garantías legales, las mismas que ellos no dieron durante la dictadura a las víctimas", dice Salinas. El fallo condenatorio entendió que esta negación de garantías fue el aceite que permitió la represión estatal. "Si su postura durante la dictadura hubiese sido otra, seguramente no hubiéramos tenido crímenes de esta magnitud", agrega Iud al diario El País.
