Unión Europea exigirá «visado exprés» para turistas extranjeros
El documento costará cinco euros y entraría en vigencia para el año 2020.
Los países de la Unión Europea decidieron endurecer los procedimientos para ingresar a sus fronteras, a partir de la crisis migratoria y las amenazas terroristas. Los ciudadanos extranjeros deberán obtener un permiso previo o "visado express", con el que las autoridades comprobarán si hay riesgos para la zona de libre circulación.
Será un documento similar al que exige Estados Unidos para entrar a su territorio y costará cinco euros, según el proyecto presentado por la Comisión Europea. El sistema no estará listo antes de 2020, ya que primero deben aprobarlo el Consejo Europeo y el Parlamento y después habrá que aplicar las reformas técnicas para activarlo.
Este nuevo requerimiento (llamado ETIAS) afectará a los ciudadanos que no tengan obligación de sacar visado para visitar Europa, entre ellos los chilenos. Este grupo representa entre 30 y 40 millones de turistas al año. Para otros, como por ejemplo los turcos y los rusos, seguirá funcionando el visado, con más trámites y controles.
"Sabremos más de quienes vienen a nuestras fronteras sin dificultar su viaje", destacó el comisario de migración Dimitris Avramopoulos. El sistema no incluirá datos biométricos, durará cinco años y es para los mayores de 18 años. El documento será imprescindible y los guardias de frontera impedirán el tránsito a quien no lo lleve. Las aerolíneas y otras empresas de transportes tendrán la obligación de exigirlo.
Quienes deseen viajar a los 26 estados del área Schengen (22 de la Unión Europea más Suiza, Noruega, Islandia y Lichtenstein) deberán llenar por Internet un formulario con 27 preguntas. La UE asegura que en el 95% de los casos el permiso se otorgará instantáneamente y una mínima parte de las peticiones se podrán demorar más, pero todas deberán procesarse en un máximo de dos semanas.
El proyecto permitirá ingresar más de 100 millones de euros anuales, aunque su costo de su funcionamiento asciende a 80 millones y su puesta en marcha exige 212 millones. El nuevo sistema disgusta a algunos grupos, que critican el almacenamiento de datos para un fin poco claro. "Lo que hace falta es el intercambio rápido de datos relativos a los sospechosos y a las personas que representan un riesgo elevado. El nuevo sistema no resolverá ese problema”, argumentó Eva Joly, eurodiputada de Los Verdes.
