Fiscalía de Colombia se retracta y no procesará a una actriz por abortar
El fiscal general asumirá el caso y se declara a favor del derecho a interrumpir el embarazo.
La indignación que despertó el anuncio de la
deprocesar judicialmente a la actriz
, de 38 años, por un supuesto aborto ilegal tuvo un rápido efecto.
Horas antes de la audiencia judicial en la que acusarían a la actriz, el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo, a través de una nota de prensa, que dio marcha atrás y dijo que él mismo asumirá el caso. "Personalmente asumiré el estudio de los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión que adoptó un fiscal dentro del ámbito de su autonomía". Y fue más allá.
Aseguró que es un defensor del derecho al aborto. "Dentro de mis funciones de contribuir al diseño de la política criminal del Estado, voy a liderar una discusión seria y académica en el país para presentar un proyecto que avance en la protección de los derechos de la mujer a interrumpir el embarazo", manifestó.
El caso, sin embargo, dejó abierto un debate que desde el año 2006 algunas instancias del Estado han ignorado. Ese año la Corte Constitucional reconoció el derecho a abortar cuando hay riesgo para la salud de la madre (física y mental), si existe malformación del feto o si es producto de una violación sexual.
Defensores de derechos humanos y organizaciones de mujeres han protestado porque algunas entidades gubernamentales se niegan a reconocer esa práctica y porque el Congreso colombiano ha evitado realizar un debate serio que permita establecer, a través de una ley, mayor claridad en el tema.
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