Wikileaks involucra a Chile en pacto secreto para acuerdo comercial internacional
Se crearía el TISA (Trade In Services Agreement en inglés), que abarcaría el 68% del mercado de servicios y dejaría fuera al BRICS que integran China y Brasil, entre otros países.
(Acuerdo de Asociación Trans Pacífico de Libre Comercio)
, un pacto entre 50 países,
, que se estaría negociando en secreto y que busca condicionar el 68,2% del comercio mundial de servicios.
El medio que publica secretos internacionales libera 18 documentos, en los que se observa que el Trade In Services Agreement es un acuerdo cubre desde las telecomunicaciones y el comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes. Una serie de medios independientes en 10 países publican esta trama, en la que se muestra que se estarían construyendo normas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios.
Los gobiernos que estarían implicados en la negociación secreta del TISA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE. Entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan en la elaboración de los artículos.
Los textos de la negociación secreta del TISA muestran que se pretende eliminar controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo límites a instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que esos tipos financieros, como los derivados o los credit default swaps, apuestan sobre quiebras.
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Varias naciones latinoamericanas participarían en esta alianza, aunque excluyendo a Brasil y a las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), porque serían las que más perderían al aplicarse estas condiciones.
Wikileaks asegura que el pacto está diseñado junto al sector financiero mundial y que obligaría a los gobiernos a ampliar la desregulación y liberalización bursátil; les quitaría el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzaría a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los ataría si tratan de adoptar medidas para impedir otra recesión.