Justicia trasandina confirmó el procesamiento del vicepresidente argentino
La Cámara Federal ratificó el fallo que señala que Boudou aprovechó su condición de ministro de Economía para que la imprenta Ciccone recibiera beneficios fiscales.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, observa cómo al acercarse el fin de su tercer y último mandato ante las presidenciales de octubre, la justicia trasandina estrecha el cerco sobre ella y su gobierno: Los tres magistrados que integran la Sala I de la Cámara Federal ratificaron la sentencia promulgada en junio de 2014 por el juez Ariel Lijo en contra del vicepresidente del gobierno argentino, Amado Boudou.
Confirmaron así su procesamiento “como autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho pasivo”. Boudou es el primer vicepresidente argentino procesado durante el desempeño de su cargo en dos siglos de historia. La presidenta decidió mantenerlo en su puesto desde que hace tres años estalló el escándalo por el que ha ido acumulando pronunciamientos judiciales adversos.
Amado Boudou, que ejerce también de presidente del Senado, puede recurrir ante dos instancias superiores y eludir así sentarse en el banquillo de los acusados durante el desempeño de su cargo. El fallo de la Cámara Federal compromete aún más la posición de Cristina Fernández y debilita la carrera política de un hombre que vio cómo el abogado que lo representaba, Diego Pirota, presentaba su renuncia la semana pasada “para encarar desafíos profesionales distintos”.
En paralelo el juez Claudio Bonadio, que investiga supuestas operaciones de lavado de dinero en el hotel patagónico Hotesur, propiedad de la presidenta y de sus dos hijos, Máximo y Florencia, fue ratificado el jueves en su puesto. La Sala I del Tribunal de Apelaciones de la Cámara Federal rechazó la recusación que había planteado contra el juez Romina Mercado, sobrina de la presidenta e imputada en el caso.
El jueves la Cámara Federal ratificó el fallo en el que Ariel Lijo señaló que Boudou aprovechó su condición de ministro de Economía entre 2009 y 2011 para que la imprenta Ciccone recibiera beneficios fiscales. Y, a cambio, el entonces ministro se quedaría con el 70% de la empresa. ¿A través de quién? De una persona interpuesta, el empresario Alejandro Vandenbroele. Boudou negó conocer a Vandenbroele, pero los jueces no creen necesario ese conocimiento directo para que el empresario actuara como testaferro del vicepresidente. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios, según señala el tribunal.