Internacional

Cancillería: Chile no promueve ni acepta acciones de espionaje en otros Estados

En un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó estar detrás del presunto espionaje de marinos peruanos a favor de Chile.

Casi dos días después de conocido el presunto caso de espionaje de marinos peruanos a favor de Chile, en un breve comuncado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile negó promover dichas acciones.

"Ante la situación planteada en Perú en torno a una investigación sobre espionaje y respecto a la cual han emitido opinión las más altas autoridades de dicho país, el Gobierno de Chile señala que no promueve ni acepta acciones de espionaje en otros Estados ni en su propio territorio", sostuvo el documento.

"La voluntad de Chile es continuar el proceso de fortalecimiento de las relaciones bilaterales, objetivo en el cual están empeñados los esfuerzos de ambos gobiernos", agregó el texto.

Nuestro país señala la voluntad de establecer una agenda de futuro con Perú, para lo cual tenemos la intención de seguir dando pasos de confianza mutua e integración", concluyó.

Según antecedetes de la investigación, que publicó este viernes la prensa peruana, tres suboficiales de la Marina de Guerra supuestamente "reclutados por el espionaje chileno para proporcionar información clasificada naval a las fuerzas armadas chilenas", transmitieron imágenes electrónicas sobre el estado de los buques de guerra y sus ubicaciones secretas en el litoral peruano.

Según publicó el diario La Razón, entre agosto y octubre de 2014 fueron detenidos los suboficiales de la Marina Johnny Richard Pilco Borja y Alfredo Marino Domínguez Raffo, quienes entregaron las imágenes a "empresarios pesqueros italianos en diferentes capitales de Latinoamérica, quienes fueron identificados por la contrainteligencia naval peruana como oficiales de la marina chilena".

En el caso del tercer suboficial, identificado como el técnico Alberto González Alejo, quien fue detenido en noviembre de 2014, las pesquisas indicaron que se reunió con miembros del espionaje chileno, pero no se determinó si entregó material clasificado.

De ser encontrados culpables por el delito de traición a la patria, los detenidos recibirán una de 20 años de cárcel.