Caso AMIA: Gobierno argentino calificó de «golpismo judicial» requerimiento contra la presidenta
Este viernes se presentará un requerimiento para imputar a la presidenta Cristina Fernández y otras autoridades por un supuesto plan para encubrir el atentado a la AMIA.
El fiscal Gerardo Pocillita presentará este viernes un requerimiento para imputar a la presidenta argentina Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman, al dirigente Luis D'Elia y al diputado Andrés Larroque en el marco del caso por el atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La firma de este documento inicia la investigación contra la presidenta y los otros sopechosos del caso. La noche del 12 de febrero, el gobierno argentino adelantó que presentará un escrito en contra de la denuncia del fallecido fiscal. En este alegan que "no existe prueba alguna, siquiera de carácter 'indiciario', que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidente de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional", según la información liberada por Clarín.
Al respecto el jefe de gabinete de ministros Jorge Capitanich, calificó este requerimiento como "golpismo judicial".
"¿Por qué es golpismo judicial activo? Porque la denuncia que se realiza o los requerimientos de caracter judicial que se propician en definitiva no persiguen una finalidad de caracter judicial, persiguen una finalidad de caracter politico, ¿por qué? para generar impacto policito, porque no tiene ningún tipo de validez jurídica, porque no existe prueba, ni siquierea iniciaria, respecto de eventual culpabilidad", sostuvo.
Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, advirtió al fiscal Pocillita que imputar a la presidenta es "una clara maniobra de desastibilización democrática".
Antes de la muerte de Nisman, el fiscal acusó a la presidenta argentina de llevar a cabo un "plan criminal" para encubrir el atentado explosivo a la AMIA. El mismo fiscal había asegurado que parte de la investigación se basaba en cables diplomáticos secretos sobre las relaciones entre Argentina e Irán, nacionalidad de quienes llevaron a cabo el ilícito. El requerimiento será presentado ante el juez Daniel Rafecas, quien fue designado al caso el pasado 4 de febrero.