Justicia de Indonesia ejecutó a seis condenados por narcotráfico
Uno de ellos era brasileño y otro holandés. Ambos países retiraron a sus embajadores tras lo ocurrido, donde también murieron ciudadanos de Malawi, Nigeria, Vietnam e Indonesia.
Holanda y Brasil retiraron temporalmente a sus embajadores en Indonesia después que dos de sus ciudadanos fueran ejecutados a medianoche del sábado (hora local) por sendos delitos de narcotráfico. Además del holandés Ang Kiem Soei, y el brasileño Marco Archer Cardoso Moreira, fueron fusilados cuatro ciudadanos con pasaporte de Malawi, Nigeria, Vietnam y la propia Indonesia.
Según el fiscal general indonesio, Muhammad Prasetjo, las autoridades esperan que las ejecuciones "tengan un efecto disuasorio". El presidente, Joko Widodo, justificó las muertes “porque estos delincuentes destrozan la vida de muchas personas”.
Para las autoridades holandesas, antigua potencia colonial en Indonesia, la ejecución supuso un duro golpe y crea un conflicto diplomático aumentado por el turbulento pasado común. La familia del holandés ejecutado, que tenía cuatro hijos, reside en Utrecht, y no se les permitió tocar el cadáver antes de su cremación.
El ministerio de Exteriores intentó paralizar todas las ejecuciones, y el primer ministro, Mark Rutte, intercedió por el condenado. Ang Kiem, de 62 años, y origen chino, nació en la antigua colonia holandesa de Nueva Guinea. Estaba acusado de fabricar patillas de éxtasis, y su abogado consiguió reunir cerca de un millar de firmas en favor de su liberación. Llevaba desde 2003 en el corredor de la muerte. “La pena de muerte es un castigo inhumano y salvaje que niega la dignidad humana”, reza el comunicado oficial de La Haya.
Para Brasil, la ejecución fue igualmente traumática. Marco Archer Cardoso, de 53 años, fue el primero de sus compatriotas ajusticiado en el extranjero, y fue condenado por haber intentado entrar en Indonesia con 13,4 kilos de cocaína. En una nota divulgada tras la muerte de Cardoso, la presidenta Dilma Rousseff aseguró “respetar la soberanía del sistema judicial indonesio” y admitió “la gravedad del delito”, pero se mostró “igualmente indignada”.
