Fiscal pidió investigar a Cristina Fernández por encubrir responsabilidad de Irán en atentado a AMIA
Alberto Nisman, que lleva la causa por el atentado a la mutual judía que dejó 85 muertos en 1994, acusa a la presidenta de "acordar la impunidad" del país asiático en los hechos.
El fiscal argentino Alberto Nisman denunció el miércoles a la presidenta Cristina Fernández y a su canciller, Héctor Timerman, por un supuesto plan para encubrir a Irán de sus responsabilidades en el atentado contra Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en Buenos Aires en 1994, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Nisman pidió la declaración indagatoria y un embargo preventivo de bienes por la suma de 200 millones de pesos argentinos (unos 23 millones de dólares) de Fernández, Timerman, del diputado oficialista Andrés Larroque y de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, por "acordar la impunidad de Irán" en este caso.
La denuncia fue recibida con cautela por grupos de la comunidad judía y calificada como algo "ridículo" por el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández.
El fiscal de la causa AMIA presentó la denuncia al considerar que en 2011 se empezó a "negociar un plan de impunidad y encubrir a los prófugos iraníes acusados de la voladura a la mutual judía", según se lee en el documento, confirmaron fuentes de la fiscalía a la agencia AFP.
De acuerdo con la denuncia de Nisman, enviada al juzgado federal del magistrado Ariel Lijo, el gobierno de la presidenta Fernández ideó un "sofisticado plan delictivo" destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.
El fiscal calificó de "maniobra" la estrategia del gobierno que llevó a que se firmara en 2013 un Memorando de Entendimiento con Teherán con la participación del canciller Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque y el dirigente comunal oficialista Luis D'Elía.
La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.