Los guerrilleros de las FARC podrán participar en la política colombiana
La Corte Constitucional avaló uno de los puntos fundamentales de la negociaciones de paz, y vetó el acceso a las urnas a los condenados por delitos de lesa humanidad y genocidios.
En un fallo clave para el proceso de paz que el Gobierno colombiano negocia con la guerrilla de las FARC desde hace 20 meses en La Habana, la Corte Constitucional dio el visto bueno para que los guerrilleros que dejen las armas puedan participar en política, aunque excluye a aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidio.
Esta era una de las decisiones más esperadas por el Gobierno tras la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el exviceministro de Defensa y militante del uribismo Rafael Guarín, quien pretendía que se prohibiera a los guerrilleros que se desmovilizaran producto de los diálogos de paz la posibilidad de ser elegidos a cargos públicos a través del voto.
Sin embargo, el máximo tribunal constitucional del país estableció, por seis votos a favor y tres en contra, que esta reforma, tramitada por el Gobierno de Juan Manuel Santos para establecer las reglas de un eventual proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil de las guerrillas, se ajustaba al ordenamiento legal del país.
Ahora será el Congreso el que tendrá que definir más adelante cuáles son los delitos que quedarán exonerados de responsabilidad por parte de las guerrillas.
No obstante, se cierran definitivamente las puertas de la política a aquellos guerrilleros, incluidos los máximos comandantes, que hayan sido condenados por delitos de genocidio o de lesa humanidad como el secuestro de civiles o el uso de armas contra la población.
La Corte Constitucional también avaló que será el Congreso el que reglamente las penas alternativas que tendrán que pagar los guerrilleros, cómo repararán a sus víctimas, esclarecerán los crímenes que cometieron y garantizarán que no volverán a usar las armas.
Esta decisión se da un día antes de la posesión de Juan Manuel Santos para su segundo mandato presidencial y despeja el camino sobre el debate que habían planteado varios sectores opuestos al proceso de paz sobre si la guerrilla podría participar en política una vez dejara las armas.