Países del Caribe pidieron sanciones ante la discriminación en República Dominicana

Las aguas del Caribe siguen revueltas por causa de la sentencia emitida en septiembre pasado por el Tribunal Constitucional dominicano, que

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El presidente de San Vicente y las Granadinas pidió formalmente la suspensión de República Dominicana del Cariforum, un foro ampliado de la Comunidad del Caribe (Caricom) que agrupa a 16 naciones y amenaza con llevar el caso a la próxima cumbre de Petrocaribe en Caracas.

Mientras, el Estado dominicano despliega una ofensiva internacional para tratar de frenar los efectos negativos de la decisión del tribunal que, a lo interno, cuenta con el apoyo de grupos nacionalistas radicales.

Desde que se produjo el fallo del máximo tribunal dominicano, el pasado 23 de septiembre, la Comunidad del Caribe y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría acarrear esta medida para la miles de dominicanos de origen haitiano.

La primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, Kamla Persad-Bissessar, llamó a los miembros Caricom a reconsiderar la incorporación de República Dominicana como parte del grupo. Este martes 12 de noviembre, el presidente de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, pidieron que el Gobierno de Santo Domingo sea suspendido del Cariforum, que sirve de bisagra entre las naciones del Caribe y sus socios comerciales de África y Europa. También amenazó con plantear el caso en la próxima cumbre de Petrocaribe, la alianza fundada en 2005 por iniciativa de Venezuela para vender petróleo barato a la región.

En República Dominicana, varias organizaciones que se identifican como “nacionalistas” promueven manifestaciones en apoyo a la sentencia del Constitucional y actos de repudio contra quienes la critican y contra las agencias internacionales y ONG que brindan apoyo humanitario a la comunidad haitiana en República Dominicana.

Este miércoles 13 de noviembre la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos del Sur de Santiago, que dice agrupar a 60 asociaciones comunitarias de la segunda ciudad más importante del país, han declarado “persona non grata” a Gonzalo Vargas Llosa, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Santo Domingo, y a Edwin Paraison, representante de la ONG Red Fronteriza Jano Siksé (RFJS) con sede en la provincia de Elías Piña, fronteriza con Haití.

“Si en un plazo de 90 días, esos extranjeros y ONG no abandonan República Dominicana, las protestas no cesarán en todo el país”, dijeron los portavoces de la Coordinadora a la agencia de noticias EFE. Al grito de “muerte a los traidores”, “ellos allá y yo aquí”, los manifestantes también quemaron un ejemplar de la novela La fiesta del chivo, escrita por el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, en rechazo a un artículo publicado por el escritor en el diario EL PAÍS –Los parias del Caribe—donde califica la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional como una “aberración jurídica”.