Falso secuestro en embajada de Israel generó pugna entre Ministerio Público y Juzgado de Garantía
El presidente de los magistrados calificó de preocupante que un tribunal de garantía se preste para simulacros, ya que implica uso de tiempo y un manejo estadístico que no es real.
La Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario administrativo en el cuarto Juzgado de Garantía contra el tribunal que autorizó la interceptación de llamadas en un simulacro de secuestro en la Embajada de Israel.
Al respecto existen versiones cruzadas entre el Ministerio Público y el Cuarto Juzgado de Garantía, ya que según la magistrado Carolina Canales -quien indicó que recibió información respecto a que habían rehenes de por medio-, el fiscal Anatole Larrabeiti nunca le informó que el rapto era falso, cuando el 28 de noviembre autorizó verbalmente a realizar intervenciones telefónicas y otras diligencias que también movilizaron a Carabineros.
Esta versión fue desestimada en la Fiscalía Oriente, donde aseguraron que siempre le dijeron a la jueza que todo era un ejercicio solicitado por la sede diplomática israelí.
El fiscal Regional Oriente, Alberto Ayala, aseguró que nunca se pincharon los celulares, ni tampoco se hicieron indagaciones. "Tengo un informe del fiscal Larrabeiti, donde detalladamente expresa la forma en que le explicó la situación para poder tener realmente los tiempos de reacción y poder hacer análisis comparativo de inteligencia policial. Y se pidieron las interceptaciones de teléfono que nunca se efectuaron, por supuesto. No hubo afectación de derecho de ninguna persona y es por eso que nosotros accedimos a participar, entregando claramente la información a la juez. Información que fue derivada y entregada oportunamente a requerimiento del Cuarto Juzgado de Garantía".
Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, calificó de preocupante que un tribunal de garantía se preste para hacer simulacros e indicó que "siempre tiene que ser comunicado al tribunal, porque el tribunal de otro modo, va a abrir un Rit, que estadísticamente genera la creación de una causa que entendemos que es real. Y estadísticamente es un caso más de la estadística penal del sistema chileno”.
Cerda insistió que el procedimiento realizado “implica el uso de tiempo, de teléfono, del sistema informático, de personal en los registros, de manejo estadístico, que no es real. Me parece muy delicado hacerlo sin comunicárselo a un organismo distinto".
Tras esta situación, la Corte de Apelaciones de Santiago deberá zanjar a través de un sumario interno, que tipo de errores se cometieron en el caso.
