El Gobierno argentino impulsó una amnistía fiscal
Con el dólar paralelo pasando los 10 pesos argentinos y denuncias de lavado de dinero de cercanos al Gobierno, el Ejecutivo lanzó un programa para repatriar o blanquear dólares que están fuera del sistema.
El martes 07 de mayo, con el dólar paralelo pasando los 10 pesos argentinos y denuncias de lavado de dinero de empresarios cercanos al Gobierno argentino, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner anunció una amnistía fiscal para todos los dólares no declarados ante Hacienda.
El viceministro de Economía, Axel Kicillof, el mismo que lideró la operación de reestatalización del 51% que Repsol tenía en la petrolera YPF, dijo que Argentina se encuentra en una “situación holgada en disponibilidad de dólares” y con este blanqueo de capitales "se busca atraer los dólares fuera del sistema formal a la economía productiva".
Quienes quieran blanquear divisas no registradas deberán suscribir dos nuevos títulos públicos que creará el Gobierno, uno para financiar inversiones de YPF y otras obras de infraestructura y otra para dinamizar el mercado inmobiliario, que en general opera en moneda norteamericana y que se derrumbó desde que en octubre de 2011 las autoridades argentinas impusieran fuertes restricciones a la compra de esos billetes.
“Cincuenta años de devaluaciones recurrentes llevaron a no confiar en nuestra moneda”, explicó Kicillof. "En promedio, cada argentino tiene en el país unos 1.200 dólares (en efectivo)", explicó el viceministro, que ofreció una inédita conferencia de prensa conjunta con todo el equipo económico de Fernández, incluidos el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el jefe de la agencia tributaria, Ricardo Echegaray y la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.
Los cinco venían reuniéndose periódicamente en los últimos días con Fernández ante la subida del 48% del dólar en el mercado marginal en lo que va de 2013. "Un informe de 2006 del Banco de la Reserva de Nueva York ubicaba a la Argentina como uno de los países con mayores tenedores de dólares en el público, unos 40.000 millones y se calcula que ese monto se triplica fuera del país, la mayor parte no declarado” a la agencia tributaria, contextualizó Kicillof.
El Gobierno de Fernández ya había hecho otra amnistía fiscal en 2008, en plena crisis mundial, esta vez, a diferencia de aquella, los que se acojan no pagarán ni un solo impuesto retroactivo, pero deberán suscribir los títulos públicos.
Con esta medida el Gobierno de Fernández también busca reactivar dos sectores en problemas, el inmobiliario y el energético. En el caso de las propiedades, el Ejecutivo intentó sin mayor éxito que las transacciones se hicieran en pesos, pero ahora promoverá un título público en dólares para que sirva como moneda de cambio en las operaciones.
En cuanto a la energía, la necesidad de divisas para comprar las crecientes importaciones que necesita Argentina son una de las razones de las restricciones cambiarias. También se han puesto barreras a otro tipo de importaciones para evitar la salida de divisas y por eso Kicillof destacó este martes que su país tiene “un superávit comercial cuantioso”.
La amnistía fiscal debe ser aprobada por el Congreso, donde el kirchnerismo domina ambas cámaras. La oposición recibió la noticia con críticas. “El Gobierno busca amortiguar la fuerte caída de reservas (del Banco Central) de 8.000 millones de dólares desde el inicio del cepo (control) cambiario (octubre de 2011), tentando a los ahorros en negro. Es el segundo blanqueo de capitales del kirchnerismo y, sugestivamente, lo anuncian en medio de crecientes escándalos por presunto lavado de dinero de gente muy cercana al poder”, opinó el diputado Alfonso Prat-Gay, de la Coalición Cívica.
“Por primera vez se presenta todo el equipo económico en pleno y lo hacen con una medida absolutamente coyuntural que busca comprar tiempo y que no resuelve ninguno de los problemas de fondo que aquejan a la economía nacional: la inflación, el atraso cambiario (aumento de costes en dólares), la caída del empleo y los inaceptables niveles de pobreza que siguen casi tan altos como cuando asumió (el poder) Fernández, en 2007”, añadió Prat-Gay, expresidente del Banco Central.