Protestas paralizaron polémico proyecto minero en Argentina
La empresa canadiense Osisko afirma que no explotará el yacimiento si no hay "licencia social". Los vecinos de Famatina, un pueblo de 6.500 habitantes, llevan casi un mes bloqueando el camino que conduce a la mina.
“El Famatina no se toca” es el lema de muchos pobladores de la provincia argentina de La Rioja (noroeste), en alusión a la montaña en la que se proyectaba la explotación de un yacimiento de oro. De momento, el Famatina no se tocará. La minera canadiense Osisko, que firmó en agosto pasado un contrato con el Gobierno de La Rioja para explotar aquel metal precioso, anunció ayer que “si no hay licencia social para la exploración y el desarrollo alrededor del área del proyecto de Famatina, no habrá trabajo”.
La decisión de la empresa de suspender momentáneamente la iniciativa se produjo después de que el viernes pasado el gobernador de La Rioja, el peronista Luis Beder Herrera, anunciara que la retrasaría “el tiempo que sea necesario” mientras trata de convencer a la población de sus bondades. Beder afirmó que no habrá minería a cielo abierto mientras los ciudadanos se opongan por su temor a eventuales contaminaciones del medio ambiente. A su vez, la decisión del gobernador se desencadenó después de una manifestación de 10.000 personas en la capital provincial. Los vecinos de Famatina, un pueblo de 6.500 habitantes, llevan casi un mes bloqueando el camino que conduce a la mina y seguirán allí hasta que se rescinda el contrato entre la provincia y Osisko, según cuenta Carina Díaz Moreno, una de las líderes de la protesta.
Las protestas contra la minería a cielo abierto en Argentina, un país sin tradición en esta actividad, crecieron a partir del boicot en Famatina. En la provincia vecina de Catamarca algunos pobladores también comenzaron bloqueos en el camino a una de las minas más importantes de Argentina, Bajo la Alumbrera. El pasado viernes una decena de manifestantes fueron detenidos por la policía en el municipio catamarqueño de Santa María. Ya fueron liberados, pero el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel denuncia que el fiscal del caso, Julio Landívar, los ha imputado por un delito contemplado por la nueva ley antiterrorista que impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández. El ministro de Justicia de Argentina, Julio Alak, negó que se usara esa ley contra los arrestados y afirmó que presuntamente habían violado el artículo del Código Penal que castiga el “entorpecimiento del transporte”.
