Más de dos millones de empleados paralizan hoy el sector público británico
El paro afectará a escuelas, hospitales, justicia, servicios públicos y hasta el control de fronteras. El principal motivo es la reforma del sistema de pensiones que les va a obligar a trabajar hasta los 67 años y a aumentar sus contribuciones.
Más de dos millones de empleados del sector público británico están llamados hoy a secundar la peor huelga desde los años ochenta. El motivo de la protesta: la reforma del sistema de pensiones que les va a obligar a trabajar hasta los 67 años y a aumentar sus contribuciones. Se prevé que la huelga, que recorrerá el país con un millar de manifestaciones, afecte a colegios, hospitales, tribunales o bibliotecas, pero también a los trabajadores de la agencia que controla las fronteras británicas, la UK Border Agency. A primera hora del miércoles, las autoridades calculaban que más de la mitad de las 21.700 escuelas públicas (el 58%) cerraron sus puertas.
Se esperan colas en las carreteras de hasta 12 horas para entrar por los puntos más calientes. Y en especial en el aeropuerto de Heathrow, donde a la protesta por la reforma de las pensiones se une el malestar por una reciente polémica política sobre la suspensión de controles a los viajeros procedentes de la Unión Europea en los momentos de máxima afluencia.
Lejos de buscar el entendimiento con los sindicatos, el ministro de Economía, George Osborne, anunció ayer que el sector público perderá 700.000 empleos en los próximos años, en lugar de los 400.000 hasta ahora previstos. Y los salarios, congelados este año y el siguiente, no podrán aumentar más del 1% en 2013 y 2014.
Osborne anunció también medidas más conciliadoras, como la suspensión del aumento de 3 peniques en el impuesto sobre la gasolina; un tope del 6,2% (1% por encima de la inflación) en lugar del 8,2% en el aumento de los precios del ferrocarril; facilidades crediticias por 47.000 millones de euros para las pymes; 1.200 millones adicionales para regeneración de las regiones; 130.000 plazas adicionales para cuidados infantiles; ayudas a la compra de vivienda para 100.000 personas, y un plan de obras públicas por 35.000 millones de euros, de los que dos tercios deberían llegar desde el sector privado pero el Estado hará inversiones nuevas por casi 6.000 millones de euros en tres años.
