La Fiscalía de Milán investiga a Berlusconi por »prostitución de menores»

Ayer el Tribunal Constitucional italiano declaró parcialmente inconstitucional la "ley del legítimo impedimento", el escudo judicial del primer ministro, que le ha permitido congelar durante un año sus tres procesos penales pendientes. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha asegurado esta mañana que la anulación parcial dictada ayer por el Tribunal Constitucional sobre la ley del legítimo impedimento "no ha demolido" la norma a la que, hasta ahora, se había acogido para no acudir a los juicios que tiene pendientes.

En unas declaraciones en un programa de televisión que se emite en una de las emisoras de su propiedad, el jefe del Gobierno ha afirmado además que no se esperaba otro veredicto por parte del Constitucional, que ya en octubre de 2009 derogó su ley de inmunidad judicial, el llamado "Laudo Alfano". "No me esperaba nada distinto, la sentencia no ha demolido la estructura de la ley y ha reconocido que esta norma es justa y necesaria para quien desempeña actividades de Gobierno", ha afirmado Berlusconi . "En este caso se ha indicado que presidir el Consejo de Ministros es un impedimento legítimo para acudir a los juicios; la sentencia ha mejorado la situación precedente", ha agregado.

El primer ministro italiano ha reconocido, sin embargo, que "no será tan fácil" para sus abogados obtener un "comportamiento benévolo" por parte de los fiscales para que se pueda acoger a este escudo judicial, ya que, según él, existe una "persecución política por parte de los magistados de izquierda". Ayer, el Constitucional invalidó algunos de los puntos clave de la ley del legítimo impedimento, a la que Berlusconi se había acogido en reiteradas ocasiones para no acudir a declarar a los tribunales desde que la norma fuera aprobada en los primeros meses del año pasado. Este fallo deja en manos de los jueces el evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento por motivos de agenda oficial de sus cargos que justifique la ausencia del mandatario y de sus ministros en las vistas de los juicios.

Con ello se pone fin al automatismo que contemplaba la norma con el que los jueces debían aceptar la autocertificación del Gobierno sobre los compromisos ineludibles del primer ministro para evitar su presencia en los tribunales. Se abre así la puerta a que se reanuden los dos juicios contra Berlusconi, los llamados casos Mediaset (por fraude fiscal) y Mills (por corrupción en actos judiciales). Además tras esta sentencia se plantea una audiencia preliminar para Berlusconi en la que se debe decidir si se le envía a un tercer juicio, el caso Mediatrade, por fraude fiscal y apropriación indebida.