Israel comienza a expulsar a los más de 600 activistas detenidos
Entre ellos, la chilena que participaba en la flotilla atacada el lunes. Con la decisión de repatriar a los más de 600 detenidos, Israel cumple las exigencias de la comunidad internacional y se libera de un problema.
Israel ha puesto ya en libertad a todos los activistas de la Flotilla de la Libertad que permanecían retenidos en la cárcel de Beer Sheva, al sur de Tel Aviv. Entre ellos, la chilena radicada en Suecia Kimberly Soto Aguayo. Varios autobuses los están trasladando, entre grandes medidas de seguridad, a uno de los dos aeropuertos de Tel Aviv para su repatriación a sus respectivos países de origen.
Algunos activistas, alrededor de 120 de países musulmanes que no mantienen relaciones con Israel, han abandonado Israel por la frontera con Jordania, después de que el Gobierno de Amán se comprometiese a colaborar para repatriarles. Las autoridades israelíes tienen previsto completar el proceso de repatriación antes de 48 horas.
Embrollo legal
Israel ordenó anoche resolver por la vía directa, esto es libertad inmediata, sin papeleos ni intervenciones judiciales. La presión internacional, por un lado, y el embrollo legal que suponía considerar como inmigrantes ilegales a gente que llegó a Israel a punta de pistola, por otro, han empujado a Benjamin Netanyahu a tomar esa decisión de urgencia. Ya durante toda la jornada se habían ofrecido facilidades a quienes quisieran embarcar en un vuelo. Bastaba firmar un documento de voluntariedad para conseguir un billete de salida. Ni siquiera, pese a la oposición de varios ministros, se investigaba la posible implicación de algunos de los miembros de la flotilla de activistas en los violentos enfrentamientos a bordo de Mavi Marmara. A media tarde se decidió enviar en autobús hacia Jordania a 124 activistas árabes, ciudadanos de países sin relaciones diplomáticas con Israel, para que se les repatriara desde Ammán.
Unos 50 pasajeros de la flotilla aceptaron la deportación inmediatamente después de ser desembarcados e interrogados en el puerto de Ashdod. Los demás se negaron, para no admitir la legalidad de la detención y para expresar su protesta. Las autoridades diplomáticas y consulares de los distintos países afectados recomendaban, sin embargo, la firma, porque entendían que no suponía ningún reconocimiento de nada. Antes de que Israel anunciara la puesta en libertad de todos los detenidos, seguían siendo mayoría quienes mantenían la negativa a firmar el documento.