España expulsó a nigeriana amenazada de muerte en su país

Acaba de llegar a Nigeria, su país de origen, donde -afirman las ONG- está amenaza de muerte y debe 20.000 euros al tratante de seres humanos que la envió a España en 2006. Aquí fue sometida a explotación sexual. Tiene 25 años y está embarazada de dos meses. En un país que vive inmerso en una oleada de violencia, se perdió su rastro.

La vida de esta mujer, aseguran desde las ONG, corre peligro, pero eso no evitó que el ministerio del Interior español, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, haya decidido expulsarla hoy miércoles. Y al hacerlo se ciñó a dos sentencias judiciales, pero desoyó dos peticiones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Fuentes de la Delegación del Gobierno recordaron que se limitan a cumplir las resoluciones judiciales firmes que hay sobre este caso y que no tenían más opción. Una fuente del Ministerio del Interior señaló que en todo momento se respetaron los derechos de esta persona y que no les consta que esté amenazada de muerte.

La mujer expulsada permaneció un mes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. "Hemos llamado al director y nos dijo que se la habían llevado a las siete de la mañana", explicó Viviana Waisman, directora ejecutiva de la ONG Women’s Link, organización integrada en la Red Española contra la Trata de Personas, que denunció ayer martes que las autoridades negaron a la mujer expulsada el derecho al periodo de restablecimiento y reflexión. Son 30 días que sirven para que una persona amenazada, sin papeles y sin esperanza decida romper el terror, confiar en alguien y denunciar a sus explotadores.

María Luisa Cava de Llano, adjunta al Defensor del Pueblo consideró "desmesurada" la aplicación de una medida "tan dura como la expulsión". Su oficina envió dos recomendaciones en las que se pedía que se demorara la expulsión. La primera, el 12 de marzo, fue remitida tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Sólo respondió la policía, desestimando la prórroga de la expulsión.

El ministerio del Interior señaló que la mujer solicitó por dos veces a dos juzgados distintos que se suspendiera la medida de expulsión. En ambos casos los tribunales decidieron que no hay indicios de riesgo para su integridad si regresaba a su país. Además, cuando ingresó en el CIE, relata esta fuente, la mujer pidió acogerse al artículo 59 bis de la legislación de extranjería, una norma que busca que las personas víctimas de trata denuncien. Según Interior, tras una entrevista con la policía y "a la vista de sus declaraciones se entiende que no ha sido víctima de trata". La mujer declaró entonces, siempre según esta fuente, que ejercía la prostitución "libremente" en Villaverde y que "tenía libertad de movimientos, vivía sola, sin ningún tipo de compañía; que vino a España sin relación con una red y que sólo una persona financió su viaje".

La mujer sí declaró haber recibido "llamadas amenazantes" desde Nigeria, pero no que tuviera familiares allí que pudieran ser víctimas de esas amenazas. En cuanto a su estado de gestación, que también podría ser una causa para retrasar la expulsión, Interior aseguró que se le realizaron análisis médicos tanto a ella como al feto y se determinó que el viaje no supondría riesgos para ambos.

Pese a todos estos datos, la Oficina del Defensor del Pueblo emitió ayer una segunda recomendación a las autoridades policiales del Aeropuerto de Barajas y a la Delegación del Gobierno, para retrasar la expulsión. La respuesta llegó esta mañana de miércoles, cuando el posible daño ya estaba hecho. La Delegación del Gobierno reiteró que no hay lugar para demorar la expulsión porque hay dos resoluciones judiciales firmes al respecto y porque no consta que la mujer intentara regularizar su situación.