Comisión Interamericana de DD.HH. denunció restricción de libertades en Venezuela
El informe de la CIDH, de más de 300 páginas, se titula "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela" y deja de manifiesto cómo ese Gobierno va desmantelando el régimen democrático, alterando el equilibrio de poderes y limitando los derechos de los ciudadanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la voz de alarma sobre la situación en Venezuela con un amplio informe que da cuenta de los abusos del Gobierno de Hugo Chávez. El trabajo, presentado hoy en Washington, describe todo un catálogo de arbitrariedades que sientan las bases para la construcción de un Estado totalitario.
La comisión, encargada de velar por los derechos humanos en los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), explicó que las autoridades venezolanas prohibieron la visita de sus expertos, aunque aceptaron enviar información y responder a un cuestionario. El informe, de más de 300 páginas, se titula Democracia y Derechos Humanos en Venezuela y deja de manifiesto cómo el Gobierno va desmantelando el régimen democrático, alterando el equilibrio de poderes y limitando los derechos de los ciudadanos.
Las trabas para el juego político limpio se materializan en "mecanismos para restringir el acceso al poder" de la oposición, como la inhabilitación, en las municipales de 2008, de 260 candidatos sin que existiera "un procedimiento previo y violando los estándares de la Convención Americana". O bien en las modificaciones legales para "limitar las competencias de autoridades electas por voto popular" e impedir que ejerzan su mandato, como ocurrió con el alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, que se vio despojado de sus funciones y de la propia sede municipal.
Otro de los pilares del edificio democrático, la separación de poderes, también se tambalea. A juicio de la CIDH, "la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana". La laxitud de la ley, la inexistencia de concursos públicos de acceso a cargos de jueces y fiscales, que son nombrados discrecionalmente; la provisionalidad en sus funciones (solo la mitad de los 1.896 jueces son titulares) o la arbitrariedad en los procesos de destitución tienen maniatados a los funcionarios judiciales.
