Fiscalía hondureña pidió detención de militares golpistas
La iniciativa puede tener un recorrido limitado porque el Congreso Nacional tiene pendiente discutir el próximo lunes una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Manuel Zelaya, presidente depuesto, acusado de violar la Constitución.
La fiscalía de Honduras pidió a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden de captura contra la cúpula de las Fuerzas Armadas de ese país por la expulsión del entonces Presidente, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado, y la apertura de un proceso judicial por delitos de abuso de autoridad y expatriación (prohibida por la Constitución).
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, explicó que el Ministerio Público presentó un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales. Según Salgado, el recurso fue enviado a la Corte Suprema porque se trata de "altos funcionarios" del Estado. El tribunal deberá nombrar, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso, añadió.
Esta iniciativa fiscal puede tener, sin embargo, un recorrido limitado, pues el Congreso Nacional tiene pendiente discutir el próximo lunes una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya. Además, la Corte Suprema se pronunció en noviembre pasado contra la restitución de Zelaya en la presidencia, a menos que se sometiera a los juicios que tiene pendientes. El presidente depuesto, acusado de violar la Constitución para intentar reelegirse, se enfrenta a seis cargos, entre ellos el de alta traición.
El general Romeo Vázquez declaró que desconoce la acción del Ministerio Público, pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia. "Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (…) vamos a someternos a la justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró. Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; los jefes del Ejército, general Miguel Angel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
Zelaya consideró que la acción de la fiscalía busca "poner un manto" a la verdad de lo ocurrido el pasado junio cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron: "Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme". Según el presidente depuesto, "lo que hubo es una conspiración entre el Congreso Nacional, la Corte de Justicia y el fiscal del Estado [Luis Rubí] con los militares para dar el golpe de Estado; ellos son responsables juntos".
